El alcalde de Portas (Pontevedra) pagará más de 300.000 euros de multa por delitos de fraude fiscal y falsedad

El alcalde del municipio pontevedrés de Portas, Roberto Vázquez Souto, ha sido condenado por la comisión de sendos delitos de falsedad documental y fraude contra la Hacienda Pública, reconocidos por el acusado en un juicio donde su defensa, la Abogacía del Estado y la fiscalía llegaron a un acuerdo. La Agencia Tributaria le ha dado un plazo de dos años para pagar las multas, las cuantías fijadas como responsabilidad civil y las que sustituyen las penas de prisión que, en total, suman más de 300.000 euros.

Roberto Vázquez llegó a los Juzgados de A Parda sobre las 10.10 horas, veinte minutos antes de la hora fijada para el comienzo de la vista, que no comenzó hasta las 11.50 horas y duró apenas 10 minutos. Por el delito continuado de falsedad documental, la condena acordada supone 3 meses de prisión, inhabilitación para ejercer el cargo de administrador de sociedades durante el mismo periodo, y multa de 6 euros diarios durante tres meses.

En cuanto al delito contra la Hacienda Pública, la pena de prisión asciende a seis meses, el mismo tiempo que se le inhabilita como administrador de sociedades, una multa de 98,443,90 euros y la privación para obtener subvenciones y desgravaciones fiscales durante un año y tres meses. La condena contempla que Roberto Vázquez tendrá que pagar 151.462,15 euros en concepto de responsabilidad civil, más 52.353,32 euros de intereses y las costas, de 9.133,20 euros.

La letrada del despacho Garrigues Abogados, que representaba a Roberto Vázquez, solicitó que las penas de prisión se sustituyan por el pago de una multa que supera los 3.000 euros, a razón de 6 euros diarios durante 18 meses.

El fiscal, Augusto Santaló, no se opuso a esta petición porque el acusado "no tiene antecedentes"; no así el abogado del Estado, una circunstancia que Santaló atribuyó tras el juicio a "indicaciones" por parte de la Agencia Tributaria para "asegurar que estas penas de prisión sirvan de acicate para que no exista desvío en la satisfacción de las responsabilidades civiles".

No obstante, el fiscal justificó que la decisión de concederle la sustitución del ingreso en prisión por el pago argumentando que "hay garantías suficientes" para que se efectúe el pago, a través de hipotecas, si bien en caso de que no pagase las sanciones económicas impuestas, se le aplicaría la pena de cárcel. El tribunal le aplicó la atenuante de "reparación del daño".

Así, la condena impuesta supone una rebaja con respecto a la propuesta del escrito de acusación, que solicitaba 2 años de prisión y otros dos de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, así como 12 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros por el delito de falsedad; y dos años de cárcel, dos de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, multa de 300.000 euros y pérdida del derecho a recibir beneficios o incentivos de la Seguridad Social durante cinco años.

ÁMBITO EMPRESARIAL

Ni Roberto Vázquez ni su abogada realizaron declaraciones previas ni posteriores al juicio, si bien el acusado señaló que su comparecencia judicial no se producía en calidad de alcalde.

En este sentido, el fiscal Augusto Santaló explicó que "cometió los delitos en calidad de administrador de una sociedad y en esa calidad fue juzgado". Por ello, la inhabilitación que se le aplica no afecta a su cargo como regidor municipal porque "el delito fue cometido en el ámbito empresarial, no como alcalde ni como funcionario público", precisó Santaló.

Para el fiscal se trata de un acuerdo "razonable" y "satisfactorio", puesto que el objetivo era "hacer justicia y que se pague por la comisión de los delitos".