Los alcaldes de las cuatro capitales catalanas cuestionan limitar por ley el sueldo de los ediles

Los alcaldes de las cuatro capitales provinciales catalanas --Xavier Trias (Barcelona), Carles Puigdemont (Girona), Àngel Ros (Lleida) y Josep Fèlix Ballesteros (Tarragona)-- han cuestionado este martes las reformas locales que promueven el Gobierno central y la Generalitat, y en especial el hecho de que se limite el sueldo por ley a los primeros ediles y concejales catalanes.

Se han posicionado en un debate en La Salle Campus Barcelona - Universitat Ramon Llull (URL) con un centenar de asistentes, y donde los socialistas Ros y Ballesteros han apoyado eliminar consejos comarcales y no crear vegueries, y el primer edil de Lleida acabar con todo organismo supramunicipal --acepta mancomunar servicios-- y cuatro ministerios para evitar duplicidades.

Este lunes la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, explicó que la futura ley catalana de gobiernos locales incluirá "límites" en las retribuciones, salvo en Barcelona, idea que también promueve la reforma del Gobierno central, que Ortega asegura que no afecta a Catalunya porque la parte no recortada del Estatut otorga a la Generalitat plenas competencias en gobiernos locales.

Trias (CiU), que en su día ya se posicionó en contra de que un ministro le fijara el sueldo --si se le aplicara la reforma estatal, le afectaría--, ha afirmado que la catalana no consiste en limitar, sino en poner orden y decir qué debe ganar un alcalde, pero ha agregado que no debe limitarse el sueldo a ninguno de los cuatro alcaldes presentes y que "si sólo se busca un ahorro, es una equivocación".

Para Ballesteros, que ha echado mano de la propuesta estatal, ha afirmado que debería subirse el sueldo si debiera equipararlo al de un secretario de Estado menos el 25%, ya que estaría un 14% por debajo, pero ha precisado que "evidentemente" no piensa subírselo; Ros ha recordado que muchos alcaldes de municipios pequeños no cobran, y que muchos están por debajo de los topes previstos.

También Puigdemont (CiU) ha mostrado sus reticencias a limitar los salarios, y lo ha ejemplificado con municipios de la Costa Brava o la Daurada con menos de 10.000 empadronados --esta cifra serviría para fijar el sueldo al alcalde-- pero que en verano multiplican su población por ocho, si bien también ha reclamado que la remuneración de cualquier electo debe ser "transparente y explicable".

El gerundense ha concluido que dejarle al mundo local la función ahorradora es "pan y circo" y, a diferencia de Ros y Ballesteros, ha defendido la continuidad de los consejos comarcales porque prestan servicios extraordinarios, si bien sus cargos electos serían prescindibles: Ballesteros afirma que, pese a que se eliminaría más de 1.000 cargos de golpe, con ello habría más recursos para crear empleo.

Los cuatro han rechazado que los municipios sean culpables de las dificultades financieras de las administraciones y han pedido mejorar la financiación local --Ros ha lamentado que no se abordara cuando se trató la de la Generalitat, y ha abogado por buscar ingresos público-privados--, pero Puigdemont cree que la mejora pasa por "cambiar de Estado", y ha arrancado un aplauso.

ENDEUDARSE LLEVA AL DESAHUCIO

Trias cree que la Generalitat ha sido arruinada entre todos por el trato financiero que recibe, ya que se da la "injusticia flagrante" de que la máquina de tren de España no puede pagar las nóminas, ante lo que cree que se necesita una nueva financiación en lugar de permitírsele endeudarse más: "Con una familia arruinada, ya lo han hecho los bancos todos estos años, y ahora te desahucian".

Los alcaldes han repasado las acuciantes necesidades sociales y cómo se han visto obligados a importantes aumentos anuales de las partidas sociales --en Lleida ya suponen el 8% del Presupuesto municipal total--, y han mostrado su preocupación por el anuncio del Gobierno de querer quitarle las competencias de la política social a los municipios, cuando son la administración más próxima.

Cada alcalde ha presumido de sus políticas, como en el campo de las 'smart cities' --ciudades inteligentes--, sobre lo que Puigdemont ha llamando a "evitar que las ciudades se conviertan en galimatías de productos tecnológicos cacofónicos", ante lo que Trias ha replicado que cabe entender que es una nueva economía que genera empleo y que quien la lidere correrá con ventaja.