Un amenazado por la extorsión incrimina a un abogado de etarras que fue novio de su hermana

El gerente de una empresa que supuestamente pagó a ETA el denominado 'impuesto revolucionario' ha asegurado en la Audiencia Nacional que el abogado de presos de la banda Unai Errea Berges, exnovio de su hermana, medió en febrero de 2008 para hacer llegar a la organización terrorista un total de 72.000 euros.

Así lo ha manifestado Asier Etxabe, directivo de la empresa Antzibar, durante el juicio que se ha seguido contra Errea en la Audiencia Nacional, en el que el fiscal Pedro Rubira ha solicitado una condena de ocho años de cárcel por colaboración con organización terrorista, al entender que, "si no hubiera intervenido" en la mediación, "no se habría realizado el pago".

Etxabe, que llegó a estar imputado en esta causa junto al consejero delegado de su empresa, Santiago Lazkano, pidió "ayuda" al acusado porque "sabía que era abogado de Gestoras Pro Amnistía" y pensó que podría contactar con el etarra Jon Salaberria, al que ambos conocían del instituto.

Según ha explicado, contactó con el exnovio de su hermana, al que hacía diez años que no veía, para entregarle una nota dirigida a Salaberria que fue encontrada en un 'pen drive' en el piso de Burdeos que éste ocupaba en mayo de 2008, cuando fue detenido junto al exjefe político de ETA Francisco Javier López Peña, 'Thierry'. "Él me dijo que ya no andaba en esas cosas y que lo veía muy complicado pero que lo intentería", ha explicado.

A los 15 días, según el testimonio del gerente, Errea le llamó y ambos acudieron a un bar de Hernani (Guipúzcoa) para efectuar la entrega del dinero, que previamente le había dado Lazcano en la gasolinera de un área de servicio a las afueras de San Sebastián.

"Me estaba esperando en el bar, le di la bolsa, salió y le dije que estaba muy agradecido. Después me pidió que no contara nada a nadie", ha relatado el testigo, que no ha reconocido hasta este jueves la relación sentimental que el acusado mantuvo con su hermana para "protegerla".

"RAZONES DE HUMANIDAD Y FAMILIARIDAD"

El acusado, al que la Justicia francesa impueso cuatro años de cárcel en 2006 por complicidad con ETA, ha explicado a preguntas de su letrado que no participó en los hechos que se le imputan y que Etxabe decidió incriminarle para "escurrir bulto y pasar la pelota" a su tejado. "No lo entiendo. La cita orgánica con ETA la tenía él y, de golpe y porrazo, no es él quien está imputado sino que soy yo", ha dicho.

Su defensa, que se ha esforzado por evidenciar a través de fotografías familiares la "estrecha y larga" el noviazgo que el acusado mantuvo con la hermana de Etxabe durante casi 15 años, ha sostenido que en las actuaciones no ha podido demostrarse que el pago a la banda terrorista llegara a consumarse.

De hecho, ha defendido que, si su cliente hubiera ayudado a los extorsionados, no lo habría hecho por "connivencia" con la organización terrorista, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para condenar por el delito de colaboración, sino por "razones de humanidad y familiaridad". A este respecto, ha esgrimido la "eximente completa de estado de necesidad" bajo la que habría actuado su representado.

"ME VI VENDIDO, NO SABÍA DÓNDE ACUDIR"

Lazkano, por su parte, ha señalado que se vio obligado a ceder a la extorsión etarra cuando la situación se volvió "insostenible", las amenazas habían llegado a oídos de su familia y se planteaba abandonar el País Vasco. Tras consultar a "varios políticos del PNV y otros empresarios", que le recomendaron que no pagara, el industrial puso el caso en manos de su subordinado porque "sabía que tenía un contacto en el mundo de la izquierda abertzale". "Me vi vendido, no sabía dónde acudir", ha explicado ante el tribunal.

El fiscal Pedro Rubira, que ha reprochado al acusado que no haya querido contestar a las preguntas del Ministerio Público en ningún momento de la instrucción ni del juicio oral, ha pedido una sentencia condenatoria a partir de la declaración de Etxabe, el 'pen drive' incautado a Salaberria y la acreditada relación del acusado "con el mundo radical".

"¿Con qué persona se reúne para realizar el pago? ¿A quién se le entregó el dinero?", se ha preguntado Rubira antes de contestarse que eso "nunca se va a poder saber". "Lo esencial no lo vamos a saber", ha añadido antes de concluir que el pago fue viable "únicamente cuando el acusado apareció en escena".

"NO JUEGUE CON NUESTRA PACIENCIA"

Lazkano recibió entre 1994 y 2008 un total de ocho cartas de extorsión. En la última se le exigía el pago de 72.000 euros en billetes usados de 20, 50 y 100 euros. "En septiembre de 2007 recibió nuestra última carta, en la cual establecíamos los plazos del pago, y para nuestro asombro no ha dado ni el más mínimo paso para llevar a cabo el mismo", decía esa misiva, en la que ETA advertía al empresario: "No juegue con nuestra paciencia porque esta es la última oportunidad que recibirá".

Tras mostrarse "seguros de que no tendrá ningún problema para encontrar el camino", los terroristas añadían que el dinero recaudado de la extorsión no tenía como fin "el enriquecimiento personal de nadie" sino "obtener los indispensables medios económicos para llevar a cabo la lucha a favor de la liberación de Euskal Herria".