El fiscal archiva las diligencias por el hallazgo de uno de los trenes al no advertir indicios de delito

El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, ha archivado las diligencias que abrió en marzo pasado para investigar el hallazgo de los restos de uno de los trenes de cercanías que fueron objeto de los atentados que tuvieron lugar el 11 de marzo de 2004 en Madrid, al no advertir la existencia de ningún delito, informó el Ministerio Público.

Tras efectuar una consulta al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, Esteban firmó el pasado 4 de junio un decreto en el que decretaba el archivo de las diligencias de investigación 73/2012, que abrió para esclarecer si su hallazgo en un almacen del distrito de Villaverde podría constituir un delito de obstrucción a la Justicia.

El representante del Ministerio Público sostiene que no existe "indicio alguno de delito en la actuación de los propietarios de los restos", en referencia a la compañía Renfe, ni de "ninguno de los responsables de las empresas que participaron en su reparación".

"No se ha apreciado ninguna actuación de ocultación o manipulación de los referidos restos que pudiera hacer pensar en una desaparición de objetos de pruebas", señala el Ministerio Público antes de añadir que, "al contrario, se ha constatado la adopción de medidas para la conservación de dichos restos ante la eventualidad de posibles análisis posteriores".

"INFORMADOS EN SU MOMENTO"

El decreto fiscal también señala que el traslado del tren al almacén y su posterior reparación se llevó a cabo "con pleno conocimiento" de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento, que "fueron informados en su momento".

Torres-Dulce anunció que había pedido la apertura de diligencias en un desayuno informativo celebrado el pasado 2 de marzo y solicitó posteriormente al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que realizara un informe en el que se adjuntara la documentación referida a la conservación o desguace de los restos ferroviarios.

Según explicó Torres-Dulce, el objetivo de estas diligencias, que se abrieron a partir de las "informaciones periodísticas" que habían sido publicadas sobre este asunto, era el de "investigar la existencia y custodia" de los restos e indagar "si existe alguna investigación en relación con los mismos".

"Si se estuviera investigando en un proceso, archivaríamos las diligencias de investigación y actuaríamos diligentemente en la causa en la que estuviera investigando esa actividad. De no ser así, agotaríamos las diligencias de investigación con el objetivo que estamos precisando y a continuación solicitaríamos la inmediata judicialización", explicó Torres-Dulce, que recalcó que tomó esta decisión sin pedir ningún informe policial.

Diez días después el fiscal general del Estado señaló que ni la Fiscalía "ni nadie" pretendían "reabrir el sumario del 11-M", ya que, según afirmó, "la verdad jurídica está contenida en la sentencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo". Tras la apertura de las diligencias, la Fiscalía ordenó a la Guardia Civil que precintara el almacén en el que fueron encontrados los restos.