Las asociaciones víctimas del franquismo, satisfechas con el amparo de la ONU

La Coordinadora Estatal de apoyo a la querella que se tramita en Argentina por la desaparición de las víctimas del franquismo ha mostrado este viernes su satisfacción por dos recientes informes de la ONU - el del Relator sobre Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición y el del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas- porque en ambos se sostienen sus tesis sobre la inexistencia de justicia para este colectivo.

Respecto del primero de los informes, señalan que ratifica posturas defendidas por este colectivo como la de que "no se estableció nunca una política de Estado para la promoción de la verdad".

El informe también destaca que no existen censos oficiales del número total de víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura, ni se reconoce la importancia de temas como los trabajos forzosos de presos; muertes en bombardeos; niños robados; las consecuencias de la guerra y diferentes formas de represión, incluyendo contra las mujeres, así como "las responsabilidades de las empresas privadas por su participación activa o complicidad en la comisión de violaciones de los derechos humanos."

Las víctimas aducen que la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 es principal argumento esgrimido por las autoridades para impedir las investigaciones y que a este respecto el Relator Especial "destaca que no habría impedimentos en el sistema judicial español para revisar o anular las disposiciones de la Ley 46/1977 que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado".

Según este colectivo las recomendaciones hechas por el Relator Pablo Greiff, así como las observaciones realizadas, son coincidentes en buena parte con las expresadas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su Informe, publicado a finales de julio y elaborado con los datos recogidos en la visita al Estado español por la señora Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky del 23 al 30 de septiembre de 2013.

Este segundo informe sostiene la necesidad de crear una "entidad estatal con pleno apoyo institucional, particularmente dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros, encargada de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas", con la incorporación de un banco nacional de ADN así como la aplicación eficaz de la Ley de Memoria Histórica, destacan las víctimas.