La mujer beneficiaria del decreto antidesahucios tacha de "paso atrás" e "injusto" el recurso del Gobierno

Ana María Gómez, la mujer divorciada y con dos hijos menores a su cargo que esta misma semana pudo acogerse al decreto ley sobre la función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía, ha tachado de "paso atrás" e "injusto" el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central ha anunciado que interpondrá contra la norma andaluza.

"Pasamos de tener una ilusión a venirnos abajo", ha lamentado Gómez, quien ha añadido a Europa Press que "llevo cinco años luchando para que ahora que he visto una luz, otra vez tenga que ir para atrás". "No lo veo justo", ha apostillado.

De hecho, ha advertido de que si no puede acogerse al decreto ley de la Junta, "me veré en la calle porque literalmente no tengo dónde ir; mis niños, de cinco y 10 años, no tienen dónde ir".

Tras conocer la noticia de que se beneficiaba del decreto antidesahucios de la Junta, Gómez aseguró sentirse "contenta y tranquila", así como que, en estos tres años en los que podrá continuar en su piso, "mi fe y mi esperanza es que mi vida cambie, tener trabajo y otra perspectiva de futuro".

Gómez explicó que sus problemas comenzaron hace cinco años: "mi marido se marchó y se desentendió completamente de todo, del tema de la manutención, de la hipoteca, etcétera, no quiso entrar en ningún diálogo y mi lucha ha sido sola, en los juzgados, intentando resolver la situación".

"Yo quise hacer frente al pago de mi piso porque mi hipoteca era muy bajita y pensé que podría asumirlo, pero con esta situación y tal y como está el trabajo, se me fue de las manos", señaló Gómez, que ahora trabaja dos horas al día como dependienta, por lo que gana 300 euros al mes.

Para poder subsistir recibe ayuda de sus familiares y de entidades como Cáritas: "voy luchando con la ayuda de mi familia porque sin ella cuando te ves en esta situación es imposible; todo es moverte y buscar soluciones".

La vivienda de Ana María Gómez, que se encuentra en el Camino de Suárez, en Málaga capital, recibió una orden de desahucio, cuya ejecución estaba prevista para el pasado 13 de junio; sin embargo, según indicó, fue parado con la ayuda de su abogada.

Por el momento, siete casos se han beneficiado del decreto aprobado por la Junta, que contempla expropiaciones temporales de viviendas. Entre ellos, dos se localizan en la capital malagueña: el de Ana María Gómez y el de una familia numerosa de origen marroquí, con cuatro hijos y los dos progenitores en situación de desempleo, cuya casa está en calle Ebro, en el distrito de Palma-Palmilla.