Insólito: La policía requisa los móviles de dos periodistas en el marco del 'caso Cursach'

Agentes de la Policía Nacional se han personado este martes en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística que avanzó en primicia Europa Press Baleares.

Tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre información relacionada con el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.

La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración.

Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y el Ministerio Fiscal. Según han informado los funcionarios policiales, Europa Press no está siendo investigada.

Europa Press reitera su compromiso con la libertad periodística y con la protección de las fuentes y lamenta este ataque al derecho a la información, derecho fundamental recogido en la Constitución.

Un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016. El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, fue entregado la semana pasada al Juzgado y acusa de participar en este fraude a 18 personas, entre ellas el propietario del Grupo, Bartolomé Cursach; el ex director general, Bartolomé Sbert; y el actual director general, Miguel Pérez Marsá. Según la Policía, el Grupo cometió este fraude no declarando los beneficios reales de sus empresas y mediante la contratación irregular de parte de sus trabajadores -con lo que se evitaba el pago de impuestos y cargas sociales que corresponderían-.

El Grupo de Blanqueo ha detectado estas irregularidades en las discotecas Tito's, BCM, Paradise, Megarena, Riu Palace y Megapark y en el Restaurante Asadito. Los investigadores describen en el informe "un sistema de defraudación perfectamente orquestado por sus responsables" y "conocido al menos por todos los trabajadores que disponían de cierta capacidad" en apartados como el control de los empleados y el pago diario de sueldos, contrataciones, acceso y control de las recaudaciones o la venta y reparto de tíquets.

A lo largo de unas 400 páginas el informe analiza los documentos localizados en los distintos establecimientos y los cruza con conversaciones y mensajes intervenidos y las cifras oficialmente declaradas. Por ello, la cifra presuntamente defraudada, de más de 65 millones de euros, corresponde a los años en los que se ha encontrado algún documento que permitiese comparar las cantidades declaradas, pero el fraude podría ser superior. De hecho, los investigadores advierten que esta cantidad supone "una ínfima parte de lo defraudado en la totalidad de las sociedades del grupo".

Los registros no se han limitado solo a la agencia de noticias Europa Press. Según ha explicado el propio 'Diario de Mallorca', la Policía ha requisado el teléfono móvil de un periodista de Diario de Mallorca. Los agentes de la Policía Nacional se han personado además en la sede del rotativo para requisar documentación y equipos del redactor que cubre la información relacionada con la investigación al magnate de la noche Bartolomé Cursach.

Según ha comunicado el propio Diario de Mallorca, agentes de la Policía Nacional se han presentado en las instalaciones del mismo pasadas las 16:30 horas con el propósito de cumplir con la orden del juzgado de Instrucción número 12 de Palma de requisar el ordenador de trabajo y documentos del periodista Kiko Mestre para descubrir el origen de una información relacionada con el caso Cursach.

El periódico les ha anunciado que no les iba a entregar ningún material, amparándose en el secreto profesional y la libertad de información, por lo que los agentes han decidido marcharse.

El 'Diario de Mallorca' ha manifestado su rechazo a estas acciones judiciales que vulneran los derechos fundamentales a la información y al secreto profesional protegidos por la Constitución. Al igual que Europa Press, 'Diario de Mallorca' ha reiterado su compromiso con la libertad periodística y la protección de fuentes, y lamentan este ataque al derecho a la información.