Las claves del caso de los ERE que afecta a los expresidentes Chaves y Griñán

Para ir al origen del caso hay que remontarse al verano de 2001. La junta de Andalucía que preside entonces el socialista Manuel Chaves aprueba una partida presupuestaria, la L31, a financiar durante más de diez años, con la que se pretende respaldar económicamente a empresas con problemas que quieren presentar expedientes de regulación de empleo y prejubilaciones. Un fondo legal en su forma y contenido que acaba estallando por los aires una década después. A principios de 2011, a raíz de la investigación de 'Mercasevilla' se descubre que esta empresa municipal habría realizado varios EREs con prejubilaciones falsas que se habrían financiado supuestamente con esa ayuda económica de la Junta. Arranca entonces la investigación que dirige desde la capital andaluza la jueza Mercedes Alaya. Es el caso de corrupción con más imputados de toda España: 229 en tres años y medio de instrucción judicial. Como encausados aparecen cargos locales, autonómicos, entre ellos la que después acabaría siendo ministra, Magdalena Álvarez, además de empresarios, sindicalistas y responsables de cajas de ahorro.

Toca analizar la tarta presupuestaria comprometida que, por decisión de la Junta, gestiona desde 2001 una empresa externa. La cantidad investigada y empleada hasta el momento ronda los 855 millones de euros, la mayoría para ayudas legales, pero se identifica el desvío: más de 140 millones de euros destinados presuntamente a comisiones y subvenciones ilegales a empresas y prejubilaciones fraudulentas.

Durante la instrucción del caso se abre a mediados de 2012 una comisión en el parlamento autonómico que se cierra en falso. Se practica una veintena de detenciones y once implicados acaban pisando la cárcel. Entre ellos el exconsejero andaluz de empleo, Antonio Fernández, el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero y el presunto conseguidor de los ERE, el exsindicalista de UGT, Juan Lanzas.

Once encarcelados, con fianzas millonarias, de los que ya no queda ninguno en prisión, a la espera de juicio. El último capítulo de los ERE se conocía esta misma semana y nos llevaba hasta el Tribunal Supremo, encargado de investigar la presunta participación en este caso de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán y tres exconsejeros que actualmente son aforados.