El conflicto sindical en Uruguay crece tras la negativa de los basureros a acatar un decreto

Los funcionarios agrupados en la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) decidieron hacer caso omiso de la declaración de "esencialidad" del servicio dictada por el Gobierno y afirmaron su intención de continuar con los paros en la recolección de basura previstos para esta semana y la próxima.

El Gobierno decretó esa medida en mitad de un largo conflicto de los trabajadores de la Intendencia de Montevideo y que ya ha supuesto la acumulación de unas 7.000 toneladas de residuos en las calles de la capital.

El miércoles por la tarde, la intendenta (alcaldesa) de Montevideo, Ana Olivera, solicitó al Ejecutivo la declaración de "esencialidad" de ese servicio público, que fue aprobada casi de inmediato por el Ministerio de Trabajo.

En los hechos, el decreto de servicios esencial supone que los recolectores de basura de Montevideo, donde reside la mitad de los 3,4 millones de habitantes del país, no podrán seguir adelante con la huelga escalonada que realizan desde hace varias semanas para reclamar mejores salarios y otras reivindicaciones.

"Desde el punto de vista legal la medida es totalmente ajustada a derecho y para tomarla se analizó el riesgo para la salud de la población", afirmó el responsable de esa cartera, Eduardo Brenta.

El Gobierno del presidente José Mujica, el segundo de izquierda en la historia de Uruguay, "siempre busca diálogo", pero en este caso "la situación llegó al límite" y las autoridades "tienen obligación de darle a la población los servicios que merece y necesita", afirmó el ministro.

Sin embargo, los sindicalistas de Adeom rechazaron el decreto tras una asamblea y lo consideraron "inconstitucional", al tiempo que recabaron y obtuvieron el apoyo de la principal central obrera del país, el PIT-CNT, que a su vez también ha mantenido varios conflictos con el Ejecutivo en las últimas semanas.

"Consideramos que la declaración de esencialidad es violatoria de la ley de negociación colectiva y se dirige solo a romper la movilización. Es un decreto archireaccionario y antisindical. No se amerita por riesgos contra la salud, aún no hay alerta sanitaria y las autoridades solo han mencionado un potencial peligro", dijo a Efe el presidente de Adeom, Álvaro Soto.

Según el líder sindical, este decreto tiene como único sentido "poner un límite a las movilizaciones sindicales instaladas en Uruguay", que responden a un "reclamo generalizado" de un reparto de la riqueza.

Por su parte, el presidente uruguayo, José Mujica, se refirió también a este conflicto y respaldó a la alcaldesa al señalar que Uruguay "requiere" ahora, dada la situación económica, "trabajo sistemático".

"Por la vía de los conflictos lo único que hacemos es perjudicarnos a los propios uruguayos", dijo el mandatario en declaraciones a la televisión.

Mientras, Olivera, del Partido Comunista de Uruguay, comenzó a contratar empresas privadas para que retiren la basura de las calles de la capital, al tiempo que instaba a los funcionarios a que se presenten a realizar sus tareas bajo amenazas de "sanciones que pueden llegar incluso al despido".

El malestar de la población de Montevideo se fue incrementando en los últimos días de manera paralela con el crecimiento de las montañas de basura regadas por la capital.

Las altas temperaturas de los últimos días, al acercarse el inicio del verano austral, aceleró la descomposición de los residuos y la aparición de roedores en diferentes zonas de la ciudad.

Previo a la decisión de declarar esencial la recolección, las autoridades del Ministerio de Salud Pública advirtieron al Gobierno sobre la posibilidad de epidemias en caso de que la situación se extendiera.