Una consejera vasca y el alcalde donostiarra piden al Gobierno que condene los sucesos de El Aaiún

Zabaleta y Elorza han hecho este emplazamiento al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero durante la firma de un convenio para la creación de una Diplomatura Internacional de Derechos Sociales en la Casa de la Paz de la capital guipuzcoana.

El alcalde donostiarra ha sido el más contundente a la hora de exigir al Gobierno una condena "absolutamente necesaria", al tiempo que ha recordado que no está pidiendo al Ejecutivo que entre "en mayores profundidades" ni que aborde "el fondo de la cuestión", que "son las resoluciones de la ONU sobre el derecho a la libre determinación del pueblo Saharaui".

El regidor ha solicitado asimismo una "defensa de los derechos de los saharauis de doble nacionalidad, que además son muchos allí".

Elorza se ha referido también al "ataque" por parte de la "gendarmería" y el "ejército" marroquíes a un campamento saharaui "pacífico y cívico" que demandaba "servicios sociales", y ha pedido que "un organismo internacional" como "Naciones Unidas o una instancia europea, acudan con total libertad y sin ningún tipo de limitaciones" al lugar con la colaboración del Gobierno "colonial" marroquí "ocupante del Sahara Occidental" para hacer "un informe exhaustivo, objetivo" de lo sucedido.

"Porque la manipulación, la intoxicación del gobierno marroquí no tiene límites, lo sabemos sobradamente por experiencias anteriores. Es un Gobierno y un régimen que realmente miente más que habla", ha recalcado el alcalde.

Ha opinado que esta investigación se hará "más tarde o más temprano" y "al final los datos y los detalles de lo que están sucediendo aflorarán para vergüenza de muchos países europeos y de otros continentes que guardan de momento silencio porque aquel es un pequeño pueblo y porque al parecer hay intereses económicos, geoestratégicos y de toda índole que son conocidos y que fueron ayer citados por el ministro Rubalcaba".

Elorza ha explicado asimismo que ha colocado la bandera saharaui en la balconada del Ayuntamiento como "un gesto de solidaridad activo" con este pueblo, que fue adoptado por "unanimidad" de todos los grupos políticos de la Comisión Especial de Derechos Humanos del Ayuntamiento.

Por su parte, Zabaleta ha dicho "compartir" lo manifestado por el alcalde, al tiempo que ha afirmado que el Gobierno español "mantiene una posición de prudencia que es exigible a cualquier país", pero que "no es incompatible con la defensa radical de los derechos humanos y por lo tanto con la condena de su vulneración allá donde se tenga detectado demostrado que ha ocurrido".

La consejera ha reivindicado asimismo la "defensa de la libertad de expresión" y del derecho de la prensa "a trasladar una información veraz sobre las cosas que ocurren".