La contratista del avión siniestrado consigna los 6,2 millones de indemnización

La contratista del Yak-42, Chapman Freeborn, siniestrado en mayo de 2003 en Turquía y en el que perdieron la vida 62 militares españoles, ha consignado los 6,2 millones de indemnización a los familiares de las víctimas.

Tras la primera sentencia por el caso civil el 10 de febrero de 2006, se inicia un periplo judicial, que "parece ver la luz al final del túnel", ha indicado los abogados de los familiares en un comunicado.

El proceso civil sobre el accidente ocurrido el 26 de mayo de 2003, se inicia el 2 de febrero de 2004, en los juzgados de Zaragoza, contra la aerolínea (UM Air), la contratista (Chapman Freeborn), y la aseguradora (Busin Joint). El juicio se celebra el 24 de enero de 2006 y se condena a las empresas a pagar 9,8 millones de euros de indemnización.

La Audiencia Provincial de Zaragoza, ordena repetir el juicio en octubre de 2007, por no haber citado correctamente a la contratista en el proceso. En febrero de 2010 se celebra el nuevo juicio, que acaba con la condena el 12 de marzo de 2010, a las empresas por una indemnización menor a la primera: un monto de 6,2 millones.

Las familias no recurrieron la sentencia, pero las condenadas sí. Así, el 25 de noviembre de 2010, la Audiencia de Zaragoza, confirma la condena, aunque las familias aún no habían recibido la indemnización, por el recurso que impuso en última instancia las empresas condenadas ante el Tribunal Supremo, que fue denegado el 13 de noviembre de 2012.

La última instancia judicial en España ha sido el Tribunal Constitucional, que ha desestimado de igual modo el recurso de Chapman Freeborn, el 15 de abril de 2013. Tras estos resultados las familias acuden a Alemania para ejecutar la sentencia en el país donde se emplaza la contratista alemana.

El Tribunal de Primera Instancia de Frankfurt (Alemania) admite a trámite el título de ejecución Europeo instado por las familias, el pasado mes de diciembre y que ahora se ratifica con la aceptación por parte alemana de la ejecutoria ordenada por el TS español (basado en el convenio firmado entre ambos países el 14 de noviembre de 1983), obligando a consignar la cantidad total adeudada de 6.2 millones, aunque exista la posibilidad que puedan recurrir ante el Alto Tribunal alemán.

PROCESO CIVIL

La compañía aérea ucraniana Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), su reaseguradora también ucraniana BUSIN Joint-Stock Insurance y la contratista alemana del fatídico vuelo Chapman Freeborn, fueron condenadas civilmente de la muerte de 62 militares españoles, el 26 de mayo de 2003 en Turquía, cuando regresaban tras cuatro meses en Afganistán.

La primera vez, el 10 de febrero de 2006, tras el juicio celebrado el 24 y 25 de enero de 2006, en la Feria de Muestras de Zaragoza, comparecieron seis testigos (entre ellos uno de los imputados por imprudencia en la tragedia), tres peritos, y dos de las empresas demandadas, la tercera fue declarada en rebeldía por la incomparecencia.

La segunda, el 12 de marzo de 2010, tras el nuevo juicio celebrado del 1 al 4 de febrero de 2010, en el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza, comparecieron ocho testigos (entre ellos tres de los imputados por imprudencia en la tragedia), cuatro peritos y las tres empresas demandadas.

El 25 de noviembre de 2010, la Audiencia Provincial de Zaragoza confirma la condena y, ahora, en segunda instancia el Alto Tribunal.

LOS OTROS PROCESOS PENALES

En la Audiencia Nacional se sigue otro proceso penal, por homicidio imprudente, contra miembros del Ministerio de Defensa. La denuncia se presenta el 31 de octubre de 2003, y aunque se archiva en tres ocasiones, por Teresa Palacios (13-11-03), y Fernando Grande-Marlaska (01-06-07) (02-02-12), se reabre en dos ocasiones por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (15-07-04, y 22-01-08).

La última resolución de la Sala de lo Penal del pasado 17 de mayo de 2012, ha confirmado este tercer archivo, en contra de la petición de la Fiscalía. El caso se encuentra en el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo.

Hubo seis miembros de la cúpula militar imputados de homicidio imprudente, entre ellos el ex Jefe de la cúpula, el JEMAD Antonio Moreno. La causa consta de más de 43 tomos, y más de 17.000 folios y anexos. A modo de ejemplo han comparado que el caso de las falsas identificaciones, tuvo 19 tomos en más de 5.000 folios. "Esta comparativa da cuenta del volumen e importancia del caso", han subrayado.

El segundo proceso se inicia también en la Audiencia Nacional, el 5 de marzo de 2004, contra dos generales y dos comandantes acusados de falsear la identidad de 30 de los fallecidos. Aunque también se archiva en dos ocasiones, por Teresa Palacios (31-03-04), y Fernando Grande-Marlaska (22-11-07), se reabre en dos ocasiones por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (15-07-04, y 29-4-08). Fueron procesados finalmente tres de los cuatro de los mandos imputados en la instrucción.

El juicio comenzó el 23 de marzo de 2009, y acabó con la condena de 3 años de cárcel al general Navarro, y 1,5 años al comandante Ramírez, y capitán Sáez, por falsedad documental. El 17 de marzo de 2010, el Tribunal Supremo confirmó las penas.

El pasado 20 de abril de 2012 el nuevo Gobierno, indultó la inhabilitación a los dos comandantes, para que no pierdan su condición militar, el general falleció en junio 2010, por lo que tampoco entró en prisión. Ambos comandantes recurrieron en amparo, la pena de cárcel al Constitucional, y que aún no ha sido resuelto.

CAUSA PATRIMONIAL CONTRA EL ESTADO

Se inicia antes de cumplirse el primer aniversario, cuando prescribe la responsabilidad, ante el Ministerio de Defensa. Al iniciarse un procedimiento penal contra funcionarios de Defensa, que podía derivar en responsabilidad civil-subsidiaria del Estado, se paralizó dicho expediente.

El pasado 26 de marzo de 2013 se reactiva el expediente por el juez instructor, tras el archivo definitivo de la causa penal, y se encuentra aún en fase de instrucción, han concluido.