El denunciante del fraude de los curso se retracta y niega ahora que la CEA cobrara comisiones por subcontratar

Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla que denunció las "graves" irregularidades existentes en la concesión de cursos de formación, se ha retractado de lo declarado este martes y ha negado ahora, sólo un día después, que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) cobrara comisiones de hasta el 20 por ciento por la subcontratación de las actividades formativas con otras empresas.

De este modo, fuentes del caso han informado a los periodistas de que, en su tercera jornada de declaración como testigo ante la juez de Sevilla Mercedes Alaya, Teodoro Montes ha aseverado que, por el contrario, "no tiene constancia de que se hayan cobrado comisiones" por parte de la CEA, quien ya ayer negó estas supuestas comisiones. "En la CEA no hay 20 por ciento", ha llegado a decir el testigo, quien no ha explicado el por qué de su cambio de versión.

Asimismo, y según las mismas fuentes consultadas, el testigo ha matizado y "quitado fuerza" a su acusación de que los sindicatos, igualmente, cobraban 'mordidas' por la subcontratación de cursos a terceros. Cabe recordar que tanto UGT-A como CCOO-A han negado haber cobrado estas comisiones ilegales y han planteado la posibilidad de denunciarle ante una imputación "tan grave".

Durante su tercera jornada de declaración, en la que ha continuado respondiendo a preguntas de la instructora, Teodoro Montes también ha acusado a una veintena de superiores suyos de haberle "impedido el ejercicio de sus funciones" como responsable del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla.

El testigo se ha referido "con nombres y apellidos" a esta veintena de superiores que habrían "impedido" el ejercicio de sus funciones, desde su jefe de servicio, Daniel Fito García, pasando por la secretaria del Servicio Andaluz de Empleo, María Auxiliadora Novo, por el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y su sucesora en el cargo, Aurora Cosano, hasta llegar al director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate, y a su antecesora, Teresa Florido.

"NO LE CONSTA" QUE EXISTA RELACIÓN ENTRE CURSOS Y ERE

Teodoro Montes también se ha retractado de lo declarado ante la Guardia Civil cuando afirmó que "la adjudicación de cursos de formación va indisolublemente unida a la presentación de un ERE por parte de las empresas", lo cual "viene justificado por el hecho de que, ante una situación de desempleo, independientemente de la financiación de los ERE, se pretende dar nueva formación a los trabajadores afectados que permita su inserción en el mercado laboral".

Según su declaración ante los agentes del Instituto Armado, "los gastos en formación, al igual que los expedientes irregulares, han servido para financiar de manera encubierta a determinados agentes sociales y al enriquecimiento ilícito de determinadas personas relacionadas con las empresas encargadas de prestar los servicios de formación", añadiendo que "esto ha ocurrido así, entre otros, en Mercasevilla, Santana Motor, Delphi, Astilleros, Aznalcóllar y otros".

Pues bien, la juez Alaya le ha preguntado directamente este miércoles si "le consta que haya relación entre la concesión de ayudas a la formación" y los ERE, a lo que el testigo ha contestado que "no le consta en absoluto".

80 HORAS DE PRÁCTICAS

De otro lado, Teodoro Montes también ha indicado que, en cursos de formación que incluían un módulo de prácticas en empresas de 40 horas, los alumnos llegaban a realizar hasta 80 horas de prácticas, algo que ocurría, según ha citado a modo de ejemplo, en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y más en concreto en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

Teodoro Montes, que lleva ya 15 horas repartidas en tres jornadas respondiendo a preguntas de la juez, continuará su comparecencia este jueves, cuando está previsto que comience su interrogatorio el fiscal delegado Anticorrupción, tras lo que le tocará el turno al abogado que ejerce la acusación en nombre de la Junta y a los letrados de los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda, únicos imputados en la causa hasta el momento.