La Guardia Urbana desaloja a los acampados en plaza Universidad 22 días después
Hay dos de los manifestantes detenidos
La Guardia Urbana pone fin a la acampada de estudiantes en la plaza Universidad de Barcelona después de 22 días de protestas por la sentencia del 'Procés'. Se han vivido algunos momentos de tensión con los manifestantes, cuando los agentes han llegado, sobre la una de la madrugada. En apenas 25 minutos, los han desalojado y han retirado las tiendas de campaña y vallas con las que mantenían cortada la Gran Vía. La operación se ha saldado con dos de los manifestantes detenidos. Los acampados reclamaban desde hace 22 días que cesara "de forma inmediata la represión" en Cataluña tras los actos de protesta contra la sentencia del 1-0.
Un amplio dispositivo de la Guàrdia Urbana ha retirado las tiendas de campaña y el material que los congregados habían instalado en la zona como cartelería y vallado.
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Los agentes de los Mossos se han encargado de regular el tráfico en la zona durante los trabajos, mientras que los agentes de la Guàrdia Urbana han establecido un cordón policial para impedir que los desalojados pudieran acceder de nuevo a la plaza.
Tras el desalojo, los servicios de limpieza del Ayuntamiento han estado retirando los restos de la acampada para despejar completamente la zona. A las 3.30 de la madrugada, la circulación en la zona de Gran Vìa y plaza Universitat quedaba normalizada después de casi un mes.
La 'generación 14 de octubre'
Colectivos juveniles y de estudiantes iniciaron el pasado día 30 de octubre la acampada, con más de una cuarentena de tiendas de campaña y unas 200 personas en el momento inicial. Una iniciativa con la que pedían "parar de forma inmediata la represión contra los miembros de una generación" que había salido a la calle en protesta por las condenas del 1-0 y que se depuraran responsabilidades en los cuerpos policiales.
En un manifiesto, en el que se definían como la 'generación 14 de octubre', explicaban que adoptaban esta medida para exigir responsabilidades a los políticos para garantizar un futuro digno y advertían que no tolerarían "100 años de prisión por ejercer sus derechos", en referencia a las condenas para los líderes independentistas condenados por el 1-0.
En el texto, además, se lamentaba la "criminalización sin precedentes" por parte del Estado desde la publicación de la sentencia del 1-O y se pedía al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, condenar "la represión y la violencia policial" y sentarse a negociar un referéndum de autodeterminación.