Los dos detenidos en la última operación por corrupción en Baleares pasarán una noche más en el calabozo

El ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, y el administrador único de la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., Juan Pocoví, permanecen en los calabozos de la Guardia Civil a la espera de ser interrogados por agentes del Instituto Armado y los fiscales anticorrupción, y pasarán una noche más arrestados en las dependencias de este cuerpo antes de que, previsiblemente, pasen este sábado a disposición del Juzgado de Instrucción número 5, en funciones de guardia.

Los dos imputados, quienes fueron detenidos este jueves en el marco de la nueva operación abierta por un presunto desvío de 1,5 millones de euros públicos a través de la compra de contenedores soterrados en Palma, aún no han prestado declaración debido a que durante toda la tarde de ayer y a lo largo de esta mañana los investigadores se han dedicado a revisar la documentación incautada en el marco de estas diligencias, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

En concreto, la nueva operación anticorrupción, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma a instancias de los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, eleva a entre uno y 1,5 millones de euros los fondos que presuntamente se desviaron en la adquisición de contenedores soterrados de basuras a Seguridad y Limpiezas S.A., e indaga si se produjo alguna contraprestación por parte de esta empresa. Es por ello que sobre los arrestados pesan supuestos delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.

Los investigadores apuntan a que Chacártegui, quien hasta su destitución en julio de 2009 era responsable de los servicios de recogida de basuras, habría intervenido en las presuntas irregularidades que derivaron en el sobrecoste de la compra de los 'containers'. Y es que, de acuerdo a las pesquisas, el Consistorio abonó por cada contenedor -se adquirieron unos 200- más de 11.000 euros, una cantidad muy superior al precio unitario del mercado en el resto de España, calculado en unos 6.000 euros.

Así las cosas, tras detectarse estas supuestas irregularidades, el equipo de gobierno liderado por la ex alcaldesa Aina Calvo puso estos hechos en conocimiento del Ministerio Público en verano de 2009. Sin embargo, no fue la única actuación que llevó a cabo el Ayuntamiento en este sentido ya que también interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia contra Seguridad y Limpiezas S.A. y otras tres empresas -Nord Engineering, Reparaciones Técnicas y Servicios Avant y Schmitdt Ibérica de Equipos de Mantenimiento de Carreteras (RTSAvant)-, que finalmente fue archivada, tal y como consta en la resolución de la Comisión a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Ayuntamiento decidió el 10 de febrero de 2009 convocar un concurso para instalar en algunas calles de la ciudad un nuevo sistema de contenedores soterrados, que eran importados por distribuidores españoles de países como Italia y Finlandia debido a sus ventajas medioambientales. A la convocatoria concurrieron empresas locales y dos UTE -la formada por Llull Sastre Construcciones y Contratistas Mallorquines Asociados, y la UTE Adecuación Calles Palma- que resultaron adjudicatarias el 16 de marzo de estas licitaciones.

ADQUISICIÓN A UN PRECIO SUPERIOR QUE NO HA SIDO JUSTIFICADA

El expediente señala sin embargo que, tras resultar adjudicataria, la UTE Adecuación Calles Palma firmó en abril un contrato con Seguridad y Limpiezas para adquirir los denominados contenedores Easy a un precio superior al que presentó al Ayuntamiento cuando dio a conocer su oferta, sin que hasta el momento haya sido justificada esta decisión.

Cabe recordar que, en la jerarquía de Emaya, sobre Chacártegui se encontraban únicamente la ex presidenta de esta empresa y ex número dos de UM en Cort, Cristina Cerdó, quien está imputada en los casos Picnic y Maquillaje, así como la ex gerente Malen Tortella, encausada por su parte en este último procedimiento. La sociedad municipal se encuentra además bajo la lupa judicial por haber sido presuntamente utilizada para favorecer a personas afines a Unió Mallorquina mediante su colocación en esta empresa.