Una juez abre diligencias contra el presidente de la Audiencia de Valladolid por el 'Caso Minas'

La juez de Instrucción 4 de Valladolid, María Ángeles Palmero, ha abierto diligencias contra el presidente de la Audiencia Provincial, Feliciano Trebolle, y sus compañeros de la Sección Segunda de lo Penal, Fernando Pizarro y Miguel Ángel de la Torre, al "presumir la posible existencia de una infracción delictiva" en la actuación de los tres magistrados en el denominado 'Caso Minas'.

En el citado caso, el ex Jefe de la Sección de Minas de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Maurilio Parrado Castro, fue condenado a 3 años de cárcel y 5 de inhabilitación por delitos de cohecho en concurso con el de negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsedad en documento oficial, una condena que posteriormente ha sido confirmada íntegramente por el Tribunal Supremo.

Parrado presentó una denuncia por prevaricación contra los tres magistrados de la sala por entender que está siendo víctima de "un ensañamiento y linchamiento judicial" ya que, según relata, "estos magistrados han fallado despreciando la normativa minera, despreciando documentos oficiales y sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León despreciando pruebas claras y contundentes de descargo y dando como hechos probados, tan sólo, las declaraciones de los denunciantes aunque estas no reflejen la verdad y sean contradictorias".

En el auto, según una información de Último Cero recogida por Europa Press, la juez de Instrucción 4, además de incoar diligencias previas, acuerda igualmente la inhibición del conocimiento de este procedimiento a favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, dada la condición de aforados de los tres magistrados.

En la denuncia presentada contra los jueces que le condenaron, Maurilio Parrado sostiene que "estos magistrados han fallado habiendo creado de antemano una condena preconcebida antes del juicio y valoración de los hechos". "No han juzgado los hechos, sino que han condenado directamente", sostiene el denunciante, insistiendo en que "no han cumplido con su deber, ni con su profesión de juez".

Parrado Castro centra sus esfuerzos en demostrar que no falsificó el documento oficial por el que se le condena y que ni siquiera lleva su firma. Ese documento recogía una frase en la que señalaba que en una explotación minera, sobre la que existían dudas sobre su actividad, se extraía caliza suelta para obra civil, como así lo demuestra documentación de la propia Junta de Castilla y León, que llegó a utilizar ese material para una de sus obras.

Otro de los asuntos claves de esta denuncia es la enemistad manifiesta de uno de los testigos clave, cuyo relato fue determinante a la hora de condenar a Parrado Castro. Se trata del testimonio del abogado Julio César Valle, que trabajó para las empresas que denunciaron al ex Jefe de la Sección de Minas y que intentó sin éxito ejercer como acusación en la causa.

Pese a que la Audiencia en su fallo entiende que no existe enemistad manifiesta entre Parrado y Valle, ahora el exjefe de Minas en su denuncia contra los magistrados aporta una resolución judicial en la que otro juez sí que entendió que existía.

La Audiencia Provincial dejó claro en su fallo que Maurilio Parrado se aprovechó de su cargo para exigir a las empresas Gracalsa, Álvarez Fray y Minas S.L. la contratación de determinados ingenieros de minas, forzar la participación accionarial de su hermano en una de las empresas (Minas S.L.) y exigir dinero (menos de 9.000 euros en total a lo largo de tres años) a cambio de acelerar o no paralizar determinados expedientes mineros.