El juez abre diligencias contra la empresa MKF, investigada por fraude con discapacitados

Además, ya han sido citados a declarar los dos gerentes, a los que se les atribuyen posibles delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores. El primero de ellos declarará en Madrid, donde reside, el próximo 4 de junio, y el segundo aún está pendiente de citación. Los trabajadores afectados, un total de 307 entre las tres provincias, comenzarán a comparecer ante el juez a partir del día 13 de este mes.

Así lo ha puesto este viernes de manifiesto en rueda de prensa el secretario general de CC.OO. en Granada, Ricardo Flores, que ha anunciado que el sindicato se personará como acusación popular en este caso "para defender los intereses generales de los trabajadores" y que investigará si la empresa, que opera a través de una fundación en todo el territorio nacional, ha incurrido en las mismas supuestas irregularidades en otras comunidades autónomas, ya que ya tienen indicios de que en Canarias se haya producido la misma situación.

Según el asesor jurídico de CC.OO., Amador Torres, el asunto ha sido además remitido por la Fiscalía Superior de Andalucía, que incoó diligencias el 6 de junio del pasado año, a la Fiscalía General del Estado (FGE), concretamente a su departamento para la tutela penal y contra la discriminación.

Uno de los trabajadores afectados, Juan Gerardo Arco Lara, ha señalado que en el centro de Granada, donde la empresa empleaba a discapacitados para ejercer tareas de call center, tenía hasta 15 puestos en los que fueron rotando más de 50 trabajadores en pocos meses, puesto que, una vez conseguidas las subvenciones, los despedían. Según ha recordado, ya existen sentencias firmes contra la empresa por el impago de los salarios y la improcedencia de sus despidos.

El Juzgado de Instrucción 1 de Granada ha iniciado la investigación tras recibir el decreto de la Fiscalía Superior en el que consideraba que MKF podría haber incurrido, cuando menos indiciariamente, en "graves irregularidades".

De hecho, y después de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía, el fiscal superior, Jesús García Calderón, concluía que los hechos, denunciados en su día por el sindicato de CC.OO. y un conjunto de trabajadores de la empresa, podrían ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, o de falsedad en documento público, según constaba en el decreto al que ha tuvo acceso Europa Press.

La Fiscalía acordó entonces remitir lo investigado por la Policía Judicial, a través de la Fiscalía Provincial de Granada, al Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, así como a las Fiscalías Provinciales de Jaén y Málaga "para su conocimiento y a los efectos oportunos".

Según el informe policial realizado, la mayoría de las contrataciones de la sociedad, siempre bonificadas como incentivos a la contratación de personas con discapacidad, tuvieron una duración de poco más de una semana y, en cualquier caso, "sin superar los cuatro meses de duración contractual establecido como periodo de prueba".

Estas contrataciones "han supuesto un notable incremento económico para la beneficiaria de las subvenciones", que, "en ningún caso y de manera intencionada", ha vinculado su percepción con la continuidad temporal del empleo con la integración laboral de las personas discapacitadas que fueron contratadas e incluso con la viabilidad económica de la empresa.

El total de trabajadores con discapacidad que fueron afectados por estas situaciones de contratación bonificada es de un total de 307, y la cantidad total percibida por MKF de la Junta de Andalucía asciende a 1.384.241,68 euros, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

El cobro de estas cantidades ha supuesto por la empresa el "reiterado y continuo incumplimiento" de la legislación aplicable por la concesión de incentivos a los centros especiales de empleo para la contratación de personas con discapacidad y, en ese sentido, la Fiscalía recordaba que la Consejería de Empleo debe tener el "suficiente control y seguimiento de estas contrataciones subvencionadas para reclamar el cumplimiento de sus fines o interesar el oportuno reintegro de las cantidades percibidas".