Los diputados con cargos en empresas públicas municipales deberán abandonarlas

La Comisión del Estatuto de los Diputados ha adoptado esta decisión durante una reunión mantenida hoy, en la que además ha resuelto que el parlamentario popular José María Michavila, quien había pedido previamente una ampliación del régimen de compatibilidades al formar una asesoría de grandes patrimonios familiares, no comete por este hecho ninguna incompatibilidad.

Ambas decisiones las ha tomado la Comisión a tenor del informe que al efecto han presentado los servicios jurídicos de la Cámara Baja.

Los que sí tendrán que verse en la tesitura de abandonar otras actividades al margen del Parlamento serán aquellos diputados que por ser alcaldes o concejales ocupen cargos en empresas públicas municipales.

Según han precisado a EFE las fuentes parlamentarias consultadas, el régimen de incompatibilidades sí tipifica tal circunstancia como incompatibilidad a pesar de que los diputados en cuestión "no hayan recibido un euro de esas empresas".

Han calculado las fuentes que los diputados que deberán renunciar a sus cargos en las empresas municipales en las que pudieran figurar no serán más de una decena.

Estos diez afectados no son todos los que son al tiempo diputados y regidores o ediles, ya que muchos de ellos habían ya dejado con anterioridad sus cargos en empresas municipales.

Del resto cuya actividad fuera de la Cámara pudiera concitar incompatibilidad, aproximadamente unos 40, según las fuentes, la Comisión no ha adoptado decisiones drásticas y todos seguirán en sus respectivos escaños.

Muchos diputados, además de sus funciones parlamentarias, colaboran regularmente para medios de comunicación sin que obtengan por ello beneficio alguno, por lo que sus actividades no generan controversia.

También hay muchos que forman parte de compañías privadas, como son los casos de José María Michavila, Ángel Acebes o Manuel Pizarro, todos ellos parlamentarios del PP en el Congreso.

Ninguno, tal y como han aclarado por escrito a la Cámara, ha recibido dinero por pertenecer a consejos de administración o por trabajar en bufetes de abogados, y así lo ha recogido el informe de los letrados, de modo que tendrán esa compatibilidad reconocida como legal.