El juez ordena que tres empleados de Acuamed no vayan a sus puestos de trabajo para que no accedan a sus ordenadores

El magistrado ha dictado un auto en el que explica que no puede acordar una suspensión "definitiva" de las actividades de Javier Gómez Pastor , María Gabriela Mañueco y Pablo Martín, dada la presunción de inocencia invocada por la Constitución y las leyes, y establece que la medida tenga carácter provisional, sin que afecte a sus derechos retributivos.

Recalca que el ordenamiento jurídico sí permite "una suspensión temporal de acudir a sus puestos de trabajo hasta que se decida otra cosa en sentencia, dado que el mero acceso a los ordenadores, que no es una empresa grande podría interferir en las pruebas, reforzándose de esta manera la evitación de la permanencia en los efectos del delito".

El instructor se pronuncia así después de que la Abogacía del Estado solicitara la suspensión provisional de funciones y de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera que Acuamed informase de su modelo de organización y gestión; así como del régimen jurídico que ha adoptado para el caso de los trabajadores investigados con el fin de proteger al "ofendido" y consignar las "pruebas que pudieran desaparecer".

EXCARGOS DE ACUAMED INVESTIGADOS

El juez envió el pasado enero a prisión a la ex directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed María Gabriela Mañueco, y al ex director general Arcadio Mateo, a quien el juez impuso una fianza de 600.000 euros para recuperar la libertad y que a día de hoy sigue en prisión. El Gobierno cesó el pasado enero a ambos por "pérdida de confianza" y la "alarma social" derivada de la 'operación Frontino'.

En el marco de este procedimiento, el exsubsecretario de Presidencia y exsecretario de Estado de Medio Ambiente Federico Ramos testificó que el que fuera ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete defendió la permanencia al frente de Acuamed de Arcadio Mateo.

El instructor imputó a los trece detenidos en la 'operación Frontino' la comisión de presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho, en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo.

Entre los investigados, también se encuentran el responsable de contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor; el responsable de proyectos en Valencia de esta empresa, Pablo Martín; y el presidente de Altyum, Nicolás Steegman.

La operación 'Frontino' se dirigió también contra tres cargos de FCC, el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado (en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros), el directivo Santiago Farré (20.000) y el ingeniero Miguel Roset (20.000).

Además, quedaron en libertad el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente (50.000); el director de proyectos de Altyum, José Ramón González (12.000); el presidente de Pipeline, Manuel Moreno (12.000); el delegado en Alicante de Altyum, Javier Delgado López (20.000) y el ingeniero David José Blanca (20.000).

CONTRATOS INVESTIGADOS

El juez investiga la adjudicación fraudulenta por parte de la empresa estatal Acuamed de obras a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona, y la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de contratos del organismo.

En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.

También están afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.