El empresario Aneri se niega a declarar en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid

En conexión por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real, Aneri se ha acogido a este derecho y no ha dicho nada más al ser preguntado por los portavoces de los grupos parlamentarios. Ha asentido en algún momento o dado las gracias por las preguntas por algún monosílabo.

Con el ceño fruncido, ha asistido sentado en una mesa impasible y sin apenas moverse al interrogatorio de los diputados. Aneri, visiblemente moreno y fuerte, iba vestido con un polo azul oscuro y peinado con su característica cabello engominado.

LA SITUACIÓN DE ANERI

Aneri estaba citado no por la nueva trama en la que está supuestamente implicado ahora, sino por el caso que lleva su nombre, y que afecta a una supuesta estafa relacionadas con cursos de formación subvencionados por la Comunidad de Madrid y que habría supuesto una malversación de caudales públicos entre 2008 y 2014 de al menos 4 millones de euros. El empresario fue detenido en abril de 2014 y luego puesto en libertad a la espera de juicio.

El pasado 11 de mayo de este año, el citado reconoció ante el magistrado de Instrucción número 9 de Plaza de Castilla que tras ser arrestado llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid, dirigida en aquella época por Manuel Moix, para salir de prisión si "exculpaba" a la Comunidad de Madrid de las presuntas responsabilidades en la trama por la que estaba siendo investigado.

Aquel supuesto acuerdo, desmentido por la Fiscalía de Madrid, incluía según Aneri cargar la responsabilidad de lo ocurrido al expresidente de la asociación de empresarios FEDECAM Alfonso Tezanos, apresado en la misma operación, y a uno de sus socios. El tercer punto del acuerdo era ingresar una fianza de 500.000 euros y el último requisito era que debía "autoinculparse" en el porcentaje de alumnos falsos que metió en los cursos.

El ahora encarcelado fue arrestado días después junto al prestamista Antonio Arroyo, que la Policía nombró hace unos años como "el mayor estafador hipotecario de España", y el exdirector general de Viajes Marsans Iván Losada, condenado con anterioridad por participar en la apropiación indebida de los activos de la empresa presidida por Gerardo Díaz Ferrán.

Aneri, Arroyo y Alonso integraban presumiblemente un entramado societario ideado para captar fondos de subvenciones públicas y la ocultación del patrimonio con el que podían haber estafado unos 12 millones de euros. Para ello se apoyaban en testaferros e intermediarios para desviar presuntamente los fondos captados ilícitamente a través de ayudas a la formación para el desempleo de ciudadanos en su mayoría de una nacionalidad diferente a la española.