Un empresario acusa al ex número dos de la Policía en 2004 de retirar 2,5 millones para pagar comisiones

Así consta en la documentación aportada por Manos Limpias a la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que Merino detalla el 'modus operandi' de la trama de amaño de contratos presuntamente liderada por el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio David Majarliza, que ha sido desarticulada en la 'operación Púnica'.

Este antiguo trabajador detalló ante notario una operación de retirada de efectivo ocurrida en 2007 por parte de este grupo empresarial, en la que involucra a Pedro Díaz-Pintado.

Según relató Merino, tras el trámite de la financiación hipotecaria con préstamo a promotor de una parcela ubicada en Valdemoro para la construcción de 120 chalets, denominada comercialmente 'Valdeoro', se solicitó al banco la constitución de una hipoteca y la retirada de 2,5 millones de euros.

La retirada del efectivo se preparó en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) en su sede de la calle Alcalá y en ella intervinieron cuatro empleados del grupo Dico, entre ellos el propio Merino y Pedro Díaz-Pintado, entonces jefe de seguridad, según este testigo.

El dinero fue depositado en una caja fuerte y parte fue a parar a otras cajas fuertes que tenían los accionistas en sus propios domicilios. Estos lo utilizaron para cumplir compromisos monetarios o pagar comisiones por la adjudicación o venta de la citada parcela, así como para generar 'dinero B' y poder así "cuadrar" temporalmente las cajas contables de las mercantiles del grupo Dico, según dijo el empresario.

Antes de su pase a la compañía, Díaz-Pintado había sido subdirector general operativo de la Policía durante los atentados del 11 de marzo de 2004. Fue comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía y alberga en su haber condecoraciones como la Medalla de Plata del Plan Nacional sobre Drogas por su entrega y dedicación "constante" en la lucha contra el tráfico de estupefacientes que le fue concedida en 1996 por el entonces ministro del Interior Jaime Mayor Oreja.