Ortiz, que también está investigado --la figura que sustituye al término de imputado a raíz de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-- en los casos Brugal, Rabasa y Gürtel, será juzgado junto con otros cinco empresarios más. Para cada uno de ellos el fiscal pide cuatro años y medio de cárcel y una indemnización de seis millones para Hacienda.