Los empresarios arrepentidos ratifican ante el juez que financiaron de forma ilegal al PP de Camps

Los nueve empresarios que han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción han ratificado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José María Vazquez Honrubia que financiaron de forma irregular al PP de la Comunidad Valenciana presidido por Francisco Camps.

Los industriales arrepentidos han sido los primeros en declarar, aceptando así la petición de la fiscal Myriam Segura, de comenzar el interrogatorio con ellos. Estos nueve acusados han ratificado ante el juez el reconocimiento de los hechos que ya hicieron hace casi un año ante el Ministerio Público.

Según el escrito de acusación de Anticorrupción los empresarios sufragaron con 1,2 millones de euros los gastos electorales de los 'populares' valencianos en las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008. Esta cantidad supone parte de los 2,03 millones de euros, que según la Fiscalía, pagó el PP en negro a Orange Market en relación a estos actos.

La fiscal Myriam Segura ha planteado una pequeña batería de preguntas a cada uno de los acusados para dar claridad y confirmar los hechos que sustentan la acusación contra los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', así como contra la excúpula del PP valenciano.

Los empresarios sólo han contestado a las preguntas de la Fiscalía y de sus propios abogados, por lo que las defensas de otros abogados han querido consignar sus preguntas a sabiendas de que no iban a recibir respuesta.

Primero fueron Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá los que confesaron haber financiado de forma ilegal a la formación política en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008. En febrero de 2017 admitieron las irregularidades el sobrino del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino, Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna, Antonio Pons Dols y Gabriel Alberto Batalla Reigada.

PENAS SUSTITUIBLES POR MULTAS

De este modo, la Fiscalía, que inicialmente solicitaba para los nueve acusados penas de entre cuatro y seis años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil, ha rebajado su petición a condenas que oscilan entre 15 y 21 meses de prisión por delitos electorales y falsificación en documento mercantil, pero que finalmente serán sustituidas por multas.

El escrito de acusación precisa que Antonio y Alejandro Dols (Piaf S.L.) elaboraron facturas con "conceptos inveraces" con valor de 31.312 euros; Rafael y Tomás Martínez (Grupo Villalba SL) abonaron los gastos en publicidad, asesoramiento de Relaciones Públicas o estudios corporativos para el PP en los años 2007 y 2008 con la cuantía de 199.520 euros.

Por otro lado, Gabriel Alberto Batalla (Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL) pagó 110.200 euros; mientras que Enrique Ortiz y su 'número dos', José Francisco Bevía (Grupo Ortiz) aportaron 348.115 euros para financiar los gastos relativos a los comicios de 2008.

Los empresarios Enrique Gimeno (Facsa y Aguas de Castellón) y Vicente Cotino (Sedesa Obras y Servicios SA) pagaron facturas a Orange Market por prestación de supuestos servicios no prestados. El primero de los empresarios abonó un total de 405.668 euros, mientras que el sobrino de Cotino pagó 150.658 euros.

Tras concluir sus declaraciones, el juez del Juzgado Central de lo Penal ha autorizado a estos nueve acusados a que no asistan a las siguientes sesiones del juicio, tal y como solicitaron sus abogados, aunque le ha advertido de que tienen que estar localizables en cualquier momento.