Sánchez en la encrucijada: El TC, el aviso de Tardá... los PGE siguen en el aire

Podemos está satisfecho por la maniobra de Pedro Sánchez. La oposición, indignada. Considera Iglesias que su partido pidió al Gobierno arrebatar la capacidad ilegítima de veto que tiene el PP en el Senado para avanzar hacia un acuerdo de Presupuestos. Por ello, ha admitido que está satisfecho de que se haya cumplido con esa exigencia y que se cumplan los acuerdos. "Es completamente legítimo" utilizar el Reglamento parlamentario para acabar con una anomalía democrática, y es que el Senado pueda frenar las decisiones del Congreso, ha apuntado. Podemos quiere prespuestos aunque sepa que es casi tarea imposible. Se lo ha dejado claro Tardá: si no se frena el delito de rebelión no habrá presupuestos. Así de claro. Lo demás, humo.

El PSOE está convencido, pese a todo, de que la Mesa del Congreso no puede bloquear el atajo legal que ha ideado el Gobierno para evitar el veto del PP en el Senado a los objetivos de déficit y sostiene que son precisamente los 'populares' los que "más han utilizado esa argucia" cuando han gobernado. Al menos, quiere dejar claro que intentó sacar presupuestos. Tras el anuncio del PP de que tratará de impedir dicho atajo pidiendo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que no dé luz verde al dictamen de la Comisión de Justicia que contendrá la enmienda, los socialistas han mostrado su enfado en los pasillos de la Cámara y su convencimiento de "la Mesa no puede parar ese dictamen y no puede impedir que vaya a pleno".

En el PSOE comienzan incluso a comparar la actitud del PP en la Mesa del Congreso, bloqueando la tramitación de los presupuestos, con la que hace un año llevó a los independentistas a declarar la independencia en el Parlamento catalán. Rechazan que en este caso sea aplicable el artículo 31.4 del Reglamento del Congreso al que apela el PP, según el cual corresponde a la Mesa "calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos".

Los socialistas creen que la Mesa de la Comisión de Justicia es "soberana", que lo que se pedirá a la Mesa que califique "no es un escrito ni documento, sino un dictamen" de la comisión y que la Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes del Pacto contra la violencia de género -a través de la que el Gobierno elimina el veto del Senado- "tiene que ir a pleno, porque al ser Ley Orgánica, tiene que aprobarse con mayoría absoluta".

En la sesión de control, el propio presidente del Gobierno, Pedro Gobierno, ha defendido la legalidad de la enmienda que permitirá sortear el veto del PP en el Senado, mientras que fuentes del Gobierno inciden en que el PP también se aprovechó de lo que se conoce como "enmiendas incongruentes", que modifican leyes que nada tiene que ver con la norma objeto de la reforma.

Ponen como ejemplo cinco enmiendas que el PP introdujo a Ley del Mecanismo de Segunda Oportunidad y que modificó leyes tan dispares como la Ley de Firma Electrónica o de Regulación del Juego. También, en otras tres "enmiendas incongruentes" a la Ley sobre Reutilización de la Información del Sector Público se reformaron la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local o la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, entre otras.

El Constitucional podría tirar abajo el truco parlamentario

El Tribunal Constitucional será otro de los escollos de Sánchez. Anuló en 2011 la reforma del Código Penal que castigaba la convocatoria ilegal de referendos y que el PP había introducido en el Senado mediante enmiendas a la Ley de Arbitraje, al considerar, entre otros motivos, que no tenía conexión con el proyecto enmendado. Esta sentencia, dictada en julio de 2011, es una de las que el PP utiliza como argumento para justificar su rechazo a la argucia del PSOE para evitar, mediante una enmienda a una ley sobre Violencia de Género, el veto del Senado a la senda de déficit, e intentar así facilitar que el Gobierno pueda sacar adelante los presupuestos.

De hecho, fue el grupo socialista en la Cámara Alta el que recurrió en 2003 ante el Constitucional los acuerdos que adoptó la Mesa del Senado para admitir a trámite esas enmiendas con las que el PP pretendía penalizar la convocatoria de referendos ilegales. Sin embargo, el grupo parlamentario socialista dice ahora que la doctrina del Constitucional fijada en esa sentencia se refiere únicamente a la modificación mediante enmiendas en el Senado y no afecta al Congreso.

El Gobierno abunda en esta idea y reitera que la práctica "es legal" y se ha hecho muchas veces en democracia. En aquella sentencia de 2011 el Tribunal cuestionó que el PP hubiera reformado una ley como el Código Penal mediante enmiendas a un proyecto que nada tenía que ver con esta norma. Así, constataba el hecho patente "de la más absoluta desconexión entre el Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, al violentar la posición institucional del Senado".

Y añadía que "la enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, también, nueva iniciativa" y apuntaba que parecía "lógico" que las enmiendas del Senado deberían tener "una mínima relación de homogeneidad material con los proyectos de ley remitidos por el Congreso".

Meses más tarde, el Tribunal Constitucional dictó otra sentencia que resolvía un recurso presentado por el PSOE trece años antes también relativa a modificaciones legislativas acometidas igualmente en el Senado, pero en ese caso para avalar que se pudiera cambiar varias normas mediante una ley de acompañamiento a los presupuestos. En aquella ocasión, el PSOE había cuestionado que se modificara el ordenamiento jurídico en materias diferentes a las que se estaban tramitando, ya que la Ley de Acompañamiento complementaria a los Presupuestos Generales del Estado de 1999 modificaba 76 leyes, siete decretos legislativos y seis decretos-ley.

Sin embargo, el Constitucional avaló el procedimiento al considerar que ningún artículo de la Carta Magna impedía al legislador aprobar normas multisectoriales o con un contenido hetereogéneo, y explicaba que su objeto está "perfectamente delimitado en el momento de presentación del proyecto al Congreso". Además, añadía: "Aunque la opción elegida puede ser eventualmente criticable desde el punto de vista de la técnica jurídica, en modo alguno lo es desde la perspectiva constitucional".

La estrategia seguida ahora por el grupo socialista consiste en presentar una enmienda que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria dentro de la tramitación en el Congreso del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial sobre medidas urgentes del Pacto contra la Violencia de Género. Veremos esta vez en qué acaba el truco parlamentario.