El juez dicta orden europea de detención para uno de los imputados al existir "sospechas" de que se ha fugado

El titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, que investiga el agujero de 17 millones de euros en Emarsa, la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo, ha dictado una orden europea de detención para uno de los imputados en la causa, Jorge Ignacio Roca, administrador de empresas dedicadas a la gestión de lodos que se considera que fueron interpuestas en la cadena de facturación entre 2005 y 2010 para incrementar artificiosamente el valor de los trabajos, hasta el punto de que Emarsa abonó una cifra que supera en más de 10 millones de euros lo que costaba realmente el servicio.

De esta forma, a través de un auto de este lunes, el instructor, Vicente Ríos, ha dictado una orden europea de detención de Roca Samper, ya que se encuentra en ignorado paradero y sostiene que existen "fundadas sospechas" de que se ha fugado de España para eludir la justicia.

En su resolución, explica que concurren los requisitos establecidos en la ley reguladora de la orden dado que los hechos pueden se constitutivos de estafa y fraude, al que va aparejado una pena de cuatro a ocho años de prisión, sin perjuicio de las que pudieran imponérsele por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil.

El magistrado en otra providencia de este mismo día ha acordado nuevas citaciones de imputados, --cinco nuevos y tres repeticiones-- entre ellas, la continuación de la del exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, que volverá a comparecer ante el juez el 26 de enero tras suspenderse su anterior declaración. Las fechas se han fijado entre el 16 y el 26 de enero, día en que Cuesta cerrará esta nueva tanda.

El juez explica en el auto que Jorge Ignacio Roca era el administrador de Etwas Eigentlich; Erwinin; Zonday Investments; Agrolemos YN; Samperini y Printergreen. Algunas de estas mercantiles fueron interpuestas en la cadena de facturación de lodos y desbastes entre 2005 y 2010 para "incrementar artificiosamente el valor de los trabajos realizados de tal forma que Emarsa abonó finalmente por la gestión de lodos y desbaste una cifra aún no determinada pero, en cualquier caso, superior a diez millones de euros más que lo que costaba el servicio que efectivamente le era prestado".

Como ejemplo de irregularidades, el juez instructor señala en el auto que en el año 2009, Erwinin facturó a Emarsa directamente 370.588 sin que realizara trabajo adicional alguno y posteriormente, Roca, a través de esta mercantil, Zonday y Printergreen --que es la que factura sin realizar la menor actividad-- facturó 1.789.268 euros a la empresa de Pinedo. Las facturas de Printergreen a Emarsa se elevaron a 1.077.560 euros en 2010 sin que conste que se realizara trabajo alguno para ella.

SIN MEDIOS HUMANOS NI MATERIALES

De lo actuado, según el juez, se desprende que ninguna de las sociedades administradas por Roca "tuvo medios, ni humanos, ni materiales, ni financieros, para desplegar las supuestas actividades económicas que a las mismas se atribuye por terceros receptores de facturas en cuyos membretes se consignan los nombres de las distintas empresas".

Asimismo, se refleja que las empresas gestionadas por el imputado obtuvieron ingresos de las facturas emitidas a Emarsa y que en cada uno de los ejercicios investigados, el dinero, tras la confección de la factura correspondiente, fue enviado directamente desde las cuentas de Emarsa a aquella titularidad de la empresa que los responsables de la trama hubieran determinado.

Con posterioridad al ingreso, el dinero era transferido mediante operaciones internas a las cuentas bancarias de cada una de las mercantiles intervinientes para, finalmente, ser reintegrado mediante diferentes formas, entre las que era muy habitual la extracción de dinero con tarjeta bancaria en cajeros.

El juez considera que la participación de Roca en los hechos investigados se puede calificar como "imprescindible y necesaria" para conseguir el fraude final, por lo que sostiene que puede ser tenido como presunto partícipe de un delito de malversación, cuatro delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad documental