El testigo de los cursos dice que el exconsejero andaluz Ángel Ojeda ha formado un "emporio" gracias al "trato recibido"

Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla que denunció "graves" irregularidades en la concesión de cursos de formación, ha asegurado este martes que el exconsejero Ángel Ojeda, imputado en la causa, tiene formado actualmente un "emporio" gracias a los rendimientos obtenidos en la formación y al "trato recibido".

La comparecencia del testigo ante la juez Mercedes Alaya ha concluido tras 31 horas de declaración divididas en siete jornadas en las que ha contestado a las preguntas formuladas por la magistrada, el fiscal delegado Anticorrupción, el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la Junta y los letrados de los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda, únicos imputados hasta el momento en la causa.

En su declaración de este martes, el testigo ha reconocido que no conoce a Ángel Ojeda y que nunca ha hablado o despachado personalmente con él, así como que no tiene elementos de juicio concretos para determinar si los procedimientos de concesión de subvenciones a las empresas vinculadas al exconsejero cumplieron o no todos los requisitos de legalidad, de manera que se ha limitado a analizar "la abundancia y generosidad de las acciones formativas" otorgadas a este bloque de entidades.

Hay que recordar que, a lo largo de su declaración, el testigo vinculó el "mejor trato" que habrían recibido las empresas de Ojeda con el hecho de haber sido exconsejero y haber estado afiliado al PSOE, algo que, según ha dicho, conoce "no solamente" por lo que haya podido leer en prensa sino también por su participación en determinadas reuniones, a lo que se suma la existencia en televisión de un vídeo "que hay sobre este señor y su relación con la formación".

"INTENSIDAD INUSITADA"

El abogado de Ojeda, Juan Carlos Alférez, también ha instado al testigo a explicar en qué se basa para plantear la posible influencia de la exdirectora general de Formación para el Empleo y cuñada del imputado, Teresa Florido, en la concesión de subvenciones para acciones formativas, a lo que el funcionario ha respondido que la formación "es el resultado de un cúmulo de gestiones con distintos trámites, por ejemplo en el tema de homologación".

Al hilo, ha precisado que, "con una intensidad inusitada se ha tratado de obtener por parte de Prescal y demás empresas de Ojeda el mayor número de homologaciones posibles, y en esto la influencia de Florido ha podido ser clara", señalando que "esta agilidad buscada por tales entidades es lo que denomina 'trato singular' con respecto al resto de entidades formativas".

En este sentido, el testigo ha querido dejar claro que, a lo largo de su declaración, "nunca ha afirmado que las subvenciones se hayan otorgado a la persona de Ángel Ojeda, sino a entidades que de fondo confluían en este señor", y ha asegurado que "la mayoría" de los cursos adjudicados a las empresas del exconsejero "se han desarrollado normalmente, con la incidencia propia de alumnado y docentes y con carácter excepcional algún curso ha tenido algún que otro problema".

"LA GALLINA O EL HUEVO"

El abogado de Ojeda ha preguntado al testigo si no es cierto que a Prescal se le han otorgado más acciones formativas porque es la que tiene más capacidad para prestarlas a nivel nacional dados los recursos invertidos en instalaciones, materiales o personal, pero el funcionario ha dicho que para responder a esa pregunta tendría que cuestionarse "qué fue primero, si la gallina o el huevo".

En esta línea, Teodoro Montes ha recordado que, como técnico del departamento de Formación, visitó un centro de Ángel Ojeda en la capital hispalense que presentaba deficiencias de homologación, por lo que "de ahí al emporio que actualmente tiene formado hay un camino difícil de justificar, no por la estructura, sino por el origen", es decir, "que el emporio lo ha obtenido gracias a los rendimientos obtenidos en la formación y por el trato recibido".

Ha precisado que, en su visita a este centro, pudo comprobar una serie de irregularidades que "suponían la anulación de la homologación y la suspensión de los cursos", ha dicho Teodoro Montes, quien ha asegurado también que "por el hecho de tener un inmueble específico o diversos inmuebles no tiene por qué tener más acciones formativas que otros", ya que "con el planteamiento contrario se conculca el principio de libre competencia".

"NORMAL, RESPONSABLE Y COMPROMISARIO" CON SU TRABAJO

El abogado de Ojeda ha recordado que, en su denuncia de mayo de 2012, Montes refirió literalmente "numerosas irregularidades detectadas a la hora de conceder los cursos de formación" y que, "lejos de aquietarse a las continuas irregularidades que presencia, las denuncia con mayor insistencia", y le ha preguntado si estas irregularidades fueron las que, según relató, "llevaba seis o siete años esperando a que alguien le oyera y que finalmente pudo contar a la UCO en agosto de 2013 y ahora ha podido detallar" en el Juzgado.

Montes ha respondido que sí pero ha aclarado que "no son seis o siete años, sino que abarcan toda su etapa en formación", y que primero denunció dichas irregularidades ante sus superiores, y seguidamente ante la Junta de Personal, los sindicatos y distintos agentes sociales.

El letrado de Ojeda también le ha preguntado si, al menos durante una década, ha permanecido en una permanente situación de conflictividad laboral que ha determinado que se le considere "una persona conflictiva y non grata", pero el funcionario ha aseverado que "se tiene por una persona normal, responsable y compromisaria con su trabajo".

"SUBNORMAL" ES LA ENTIDAD QUE CERTIFICA EL GASTO REAL

En otro momento de su comparecencia, Teodoro Montes ha explicado que "es subnormal" la entidad que certifica el gasto real, ya que se le permite llegar al 100 por cien de la subvención, y ha puesto como ejemplo que, durante la programación de 2008, tuvo lugar una especialidad de carnicero de la que se beneficiaron entre cuatro y seis entidades y donde uno de los materiales principales era la carne para que el alumno aprendiera a trocear y filetear piezas.

Una de las entidades previó que harían falta 4.000 o 5.000 kilogramos de carne, mientras que el resto aludió a la necesidad de entre 65.000 y 70.000 kilos de carne, por lo que "la duda era como era posible uno tan poco y otros tanto" y que "era un disparate", por lo que la cantidad fijada fue de 45.000 kilos y se instó a las entidades a que explicaran sus peticiones, alegando las mismas que los alumnos se llevan una parte de la carne que utilizan o se tira.

Finalmente, se propuso que la carne sobrante se llevara a comedores sociales y en ese sentido se llegó a un acuerdo con el Obispado, pero su jefa de servicio rechazó esta propuesta y en esa fecha el testigo se marchó a Ecuador, tras lo que le acusaron de haberse llevado la carne a dicho país, aunque eso era "incierto" y "así lo avaló el obispo". "A partir de ese año no se volvieron a dar más cursos de carnicero, se hicieron ricos quienes los impartieron", ha subrayado.

El testigo ha incidido este martes en las irregularidades observadas en los cursos y ha dicho que, a los docentes de los cursos, se les llegaba a proponer "bajo cuerda" el pago del 25 por ciento de lo estipulado para docencia, todo ello bajo la advertencia de que "si no me firmas no te contrato más, y si me obligas a pagarte más no te vuelto a contratar".

A petición del letrado de Antonio Fernández, la juez ha pedido al funcionario que entregue en el Juzgado los informes en los que, según ha relatado, alertó de las "graves" irregularidades denunciadas, a lo que Teodoro Montes ha respondido que "ahora mismo no están a su disposición" pero que cuando dicha documentación obre en su poder la entregará en el Juzgado.