El exconsejero balear Fiol pide el archivo de su imputación por la contratación 'a dedo' del arquitecto Calatrava

El exalto cargo del PP ha presentado así un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 en el que pide el sobreseimiento en este fleco del caso Palma Arena, que investiga la forma en que se articuló la contratación del ingeniero. El propio Calatrava también fue imputado por el magistrado ante el posible desvío de fondos del gobierno balear que se produjo a raíz de que le fuesen adjudicados los trabajos para la ópera.

En concreto, Fiol defiende la legalidad con la que se efectuó el expediente de contratación de Calatrava, cuya tramitación fue llevada a cabo por el Instituto de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), dependiente de la Consejería de Educación, y niega que incurriese en delito alguno en el marco de este procedimiento administrativo.

De hecho, en su declaración ante el juez, el 11 de febrero de 2011, el imputado aseguró que la forma en que se tramitó el expediente estaba "perfectamente prevista" en la Ley y, de hecho, contó con un informe externo favorable, el de dos arquitectos del Ejecutivo balear y el de "la misma abogacía de la Comunidad Autónoma que está personada como acusación particular en este proceso".

CASTRO: CALATRAVA PUDO SER "ILÍCITAMENTE FAVORECIDO"

No obstante, a la hora de citar como imputados a Calatrava y a Fiol, el juez alegó que de las investigaciones practicadas se desprendía "racionalmente" que Calatrava "pudiera haber resultado ilícitamente favorecido" como administrador de la mercantil Santiago Calatrava AG por la adjudicación de este proyecto.

El arquitecto defiende que fue Matas quien solicitó sus servicios para realizar un desarrollo inicial de la remodelación del Moll Vell, que culminase con el levantamiento de un teatro de la Ópera, lo que fue perfilándose en varias reuniones de trabajo en la sede del Ejecutivo autonómico, en las que estuvieron presentes tanto Matas como Calatrava y su equipo.

Cabe recordar que el anteproyecto de la ópera de Palma, que costó un total de 1,2 millones de euros al Ejecutivo balear, no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.