El exconseller valenciano Rafael Blasco se sentará en el banquillo tras una investigación judicial de dos años y medio

El juicio, que tendrá lugar en la sala segunda del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), llega tras dos años y medio de investigación judicial, que comenzó en un juzgado ordinario de Valencia.

Blasco, acusado de los delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales y falsedad documental, se sentará en el banquillo junto a otros ocho procesados: el empresario, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni; el que fuera subsecretario de la Conselleria de Solidaridad, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera Tomás.

El juicio por este procedimiento --en el que se investiga la concesión de 1,8 millones de euros a Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros-- arrancará el martes 7 de enero, a las 9.30 horas, con dos días de cuestiones previas, y se prevé que dure dos meses, hasta el 11 de marzo. En los dos primeros días --7 y 8--, las diferentes partes de la causa --Fiscalía, resto de acusaciones y defensas-- alegarán lo que estimen oportuno y después el tribunal se encargará de resolver, si es que tiene que hacerlo, o se pronunciará ya en la sentencia.

El día 9 se ha reservado para la comparecencia de Rafael Blasco, quien estuvo declarando durante nueve horas el pasado 18 de octubre de 2012, día en que fue citado ante la magistrada instructora del caso, Pía Calderón. Durante el interrogatorio, defendió que los expedientes firmados con ONGs eran "legales" y que fueron revisados por "por todas las instancias". Asimismo negó tener ningún tipo de apodo al ser preguntado por esta cuestión, ya que, según recoge un informe policial, personas imputadas en la causa le llamaban 'Roger Rabbit', 'Conill' o 'Conejo'.

Para el día siguiente, el 10 de enero, está citado ante el tribunal, que estará presidido por Pilar de la Oliva, el empresario, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni. Tanto para Blasco como para Tauroni el tribunal ha reservado un día entero, mientras que el resto de imputados están agrupados por días en la segunda semana del juicio.

Así, el día 14 de enero están citados Marc Llinares y Tina Sanjuán; el día 16, Josep María Felip y Alexandre Catalá; mientras que el día 17 tendrán que acudir al tribunal valenciano Xavier Llopis, Marcial López, y Josefa Cervera Tomás. El resto de días están citados decenas de testigos y peritos.

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia solicita provisionalmente hasta 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Rafael Blasco, quien fue diputado 'popular' en las Corts, por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental.

Por su parte, la Generalitat Valenciana, personada como acusación particular, reclama hasta once años y medio de cárcel para el exconseller, mientras que el PSPV pide 15. Para el resto de acusados, la petición de Fiscalía oscila entre los cuatro y los 13 años, mientras que las otras acusaciones reclaman entre cuatro años y medio y once de prisión.

LA CAUSA

El origen del caso se remonta a octubre de 2010, cuando la Fiscalía de Valencia abrió diligencias para determinar si existía algún tipo de delito en las subvenciones otorgadas por la Conselleria a Fundación Cyes para el desarrollo de proyectos de cooperación en Nicaragua.

En mayo de 2011 el procedimiento llegó al juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que abrió una investigación por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. La magistrada, al apreciar indicios de delito en una persona aforada, Rafael Blasco, remitió la causa al TSJCV, que se declaró competente para seguir con la investigación en septiembre de 2012.

La causa se dividió en dos piezas: la primera, en la que se investigan presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Conselleria a la Fundación Cyes; y la segunda --actualmente en 'stand by' hasta que se celebre el juicio por la primera--, que investiga el supuesto desvío de subvenciones en favor de una trama entre 2009 y 2011.

El pasado 3 de septiembre de 2013, la jueza instructora declaró la apertura de juicio oral contra Blasco y los otros ocho acusados, y en este mismo auto llegó a la conclusión indiciaria de que por resoluciones del conseller de Inmigración de julio y agosto de 2008 se aprobaron a la Fundación Cyes cinco proyectos en el ámbito de la cooperación --por los que obtuvo 1.827.840 euros correspondientes a proyectos por 2.284.800 euros-- que no debieron ser concedidos al incumplirse requisitos "imprescindibles" como la falta de concurrencia en red con entidad domiciliada en la Comunitat y no estar acreditada la experiencia previa.