Un exdirectivo dice que le ocultaron los contratos de las titulizaciones con las que se inflaron los beneficios

El exdirector de Información Financiera de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Salvador Ochoa ha asegurado este jueves, en la cuarta vista oral que acoge la Audiencia Nacional contra la excúpula de la caja, que se le ocultó la información relativa a los contratos de las titulizaciones con las que, según la Fiscalía, la caja consiguió inflar los beneficios de forma ficticia.

Ochoa, que ha sido el último de los ocho acusados en prestar declaración ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, ha concretado que no se enteró de estas operaciones hasta que el Banco de España intervino la entidad en 2011 y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) nombró administradores provisionales tras inyectar 2.800 millones de euros para reflotarla.

"Sabían que si financiábamos al comprador no habría bajada de balance y no sé si por esa advertencia lo que hicieron fue ocultar y engañar, no digo que con ánimo de generar resultados, yo no entro en eso; probablemente lo hicieron sin querer pero ni a mí ni a mi equipo se nos informó claramente", ha apuntado el acusado sin mencionar directamente quien llevó a cabo dichas operativas.

Por ese motivo, ha proseguido, no pudo informar al auditor KPMG de la situación real de Caja del Mediterráneo ya que él desconocía las operaciones de las titulizaciones, mecanismo empleado por la cúpula, según la Fiscalía, con el objetivo de "contabilizar beneficios ficticios y reducir aparentemente la tasa de mora". Con todo, el acusado ha matizado que las titulizaciones no supusieron pérdida patrimonial para la CAM y por tanto no fue intervenida por esta cuestión.

CUATRO OPERACIONES DE TITULIZACIÓN

Según expuso el fiscal Luis Rodríguez Sol en su escrito de acusación provisional, mediante la contabilización irregular de cuatro operaciones de titulización de préstamos hipotecarios se aparentó una transferencia de riesgos y beneficios que en realidad no se produjo. En consecuencia la caja presentó unos resultados -provisionales, según los directivos-- del primer semestre del 2011 con beneficio "ficticio" de 39,5 millones de euros pese a que en realidad existían pérdidas por valor 1.136 millones de euros.

Los activos se vendieron a fondos privados de Irlanda y Países Bajos aunque según ha asegurado Ochoa, no se recibió "ni un solo euro" por los bonos ni se pagó por las opciones. "Esto no era una opción financiera sino un préstamo para justificar que nos compraban un bono altísimo", ha asegurado el acusado, para el que el fiscal pide un año y dos meses de prisión por delito de falsedad en las cuentas de la caja.

Sí ha coincidido con otros encausados como el que fuera su jefe Teófilo Sogorb (Planificación y Control) en que el Banco de España permitió ajustar contra reservas tanto a la entidad alicantina como a las otras cuatro cajas que iban a integrar el Sistema Institucional de Protección (SIP) para formar el Banco Base. Este paso no llegó a concretarse porque las cuatro entidades rompieron la alianza ante dudas por la solvencia de la CAM que fue adjudicada al Banco Sabadell por la cantidad simbólica de un euro.

"YO NO SOY EXPERTO CONTABLE"

Por su parte, Juan Luis Sabater Navarro, exidrector de Financiación y Gestión de Liquidez, ha defendido que la interlocución de la entidad con KPMG se llevaba desde el departamento de Planificación y Control, del que dependía Ochoa, y que él únicamente informaba de las conclusiones que trasladaba la auditora. "Yo no soy experto contable", ha dicho.

A diferencia de Ochoa, este acusado ha afirmado que no vio "nada extraño ni irregular" en las operaciones financieras realizadas por la caja en 2010 y 2011, las cuáles venían validadas por el Comité de Dirección y el Consejo de Administración de la misma. "Compartía y comparto el sentido de las operaciones de las que no veía nada extraño ni irregular", ha apostillado.

Esta cuarta sesión de juicio ha terminado con la declaración del último de los ocho acusados para los que la Fiscalía pide penas de cárcel de entre diez meses y siete años y medio de prisión por delitos de falsedad en las cuentas, apropiación indebida y estafa. El juicio se reanudará el próximo lunes 5 de junio.