El exembajador en la India Gustavo de Arístegui declarará hoy como investigado por recibir comisiones ilegales

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración hoy al exembajador de España en la India y exparlamentario Gustavo de Arístegui al que investiga, junto al exdiputado Pedro Gómez de la Serna, por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación destinados a que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior de hasta 250 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a ambos de la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.

El magistrado, que ya ha interrogado en el marco de causa a varios representantes de las compañías implicadas, ha citado también para ese mismo día al hijo del diplomático y a los representantes de las sociedades Karistia, Arroyo de Lagasca y Kamaroc RL.

En cuanto a De la Serna, que se presentó como número dos del Partido Popular (PP) por Segovia en las últimas elecciones generales y está inscrito actualmente en el Grupo Mixto, el juez le ofreció comparecer voluntariamente el día 10 de mayo por su condición de aforado, según los derechos que le confiere el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, el hasta ahora parlamentario perdió esta condición este martes tras la disolución de las Cortes.

SOBORNOS Y COMISIONES

El magistrado explicó el pasado enero en un auto que existen indicios de que los querellados "se concertaron" con funcionarios extranjeros y otras personas para "apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores".

La trama se dedicaba, según el juez, a "recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito en premio por el buen fin de las gestiones".

Según el magistrado, "la actividad criminal se extendía desde la ideación del sistema hasta la puesta en marcha de los instrumentos societarios y la red de agentes; la celebración de los acuerdos con las distintas sociedades y empresas para asegurarse pagos y comisiones; la celebración de acuerdos con funcionarios públicos de otros países a los que abonarían comisiones y sobornos; y la percepción posterior de nuevas comisiones en caso de éxito de las gestiones".

Con respecto al delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, el juez señalaba que de la investigación preliminar de la Fiscalía se deduce la existencia de "posibles pagos dinerarios" realizados a autoridades y funcionarios públicos de Argelia y a sus familiares en relación con dos contratos de obra por la construcción de la estación desaladora de aguas de Souk Tleta, por un importe de 250 millones de euros, y el tranvía de Ouargla, con un coste de 230 millones.

Las dos obras fueron adjudicadas a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos y Elecnor, a través del grupo Voltar Lassen, que dirigían Gómez de la Serna y Arístegui, con la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra.

El cohecho vendría condicionado por los pagos realizados por las empresas españolas a Gómez de la Serna y Arístegui, que se ejecutaron "directamente" o, debido a su condición de autoridad y funcionario público, a través de las empresas Scardovi (propiedad del diputado) y Karistia (controlada por el exembajador).

El delito de blanqueo de capitales se habría cometido, según su auto, tras la creación de una estructura internacional de sociedades pantalla que no tenían ninguna actividad mercantil y que realizaron "movimientos internacionales de capital que siguieron estructuras sofisticadas de ocultamiento del dinero".

En esta operativa habrían participado las sociedades Arroyo de Lagasca, Karistia Maroc SRL o Kamaroc y Castelino BV. Estas dos últimas, con domicilio social en Marruecos y Holanda, tendrían como "misión primordial" ocultar los beneficios dimanantes de los anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una actividad mercantil".