Otro exfuncionario de Ayuntamiento de Madrid tilda de "broma" hablar de repartirse un "kilito"

"No le tomé en serio. Nada, nada del famoso kilito. Era una broma.

Eso de que se daba dinero era un bulo" Con esta afirmación, el entonces ingeniero municipal ha defendido su inocencia ante el tribunal de la Audiencia de Madrid que juzga los hechos y el fiscal, quien solicita para él una pena de tres años y medio de cárcel.

El acusado se sienta en el banquillo por una conversación pinchada por la Guardia Civil. A través de estas escuchas, se relacionó a la mayoría de los exempleados municipales de la época de Alberto Ruiz-Gallardón con una supuesta trama de red de cobro de comisiones a cambio de acelerar licencias de locales.

"Eso se lo ha inventado la prensa. Yo hago una actuación única.

No sé nada ni me podía imaginar eso. No se le dijo a nadie que tuviera que pagar. Eso no tiene ninguna lógica", ha aseverado a preguntas de su abogado. "Yo no he pagado absolutamente nada a nadie. Ni de una Junta de distrito ni de nada", ha zanjado.

EXPEDIENTE DE LA CLÍNICA RUBER

A continuación, ha comparecido el exjefe de la Unidad Técnica de Licencias de la Gerencia de Urbanismo Fernando Ruiz Torrejón, quien se ha declarado inocente al inicio del interrogatorio. En la causa hay documentos en los que se le atribuyen varios pagos, según han referido abogados durante sus preguntas.

Se le acusa de supuestamente solicitar un soborno de 42 millones de las antiguas pesetas a repartir entre otros en relación de un expediente de la clínica Ruber para legalizar todas las plantas.

"Jamás he pedido un soborno", ha dicho al respecto en contestación a las preguntas lanzadas por el fiscal César Estirado. "Esa declaración ante la Guardia Civil se produjo después de estar en un calabozo sin luz y sin poder dormir. No tenía una capacidad plena. Ese dinero sería el presupuesto de la obra. No me ofrecieron ni un solo céntimo", ha aclarado.

Además, ha cargado contra el acusado José Antonio Jodar, exfuncionario al que ha calificado de "bellaco" y "mentiroso" en relación a unas afirmaciones acerca de que sacó un expediente a instancias suya. "Este señor quiso fabricar pruebas contra mí", ha aseverado explicando que ese expediente ya estaba archivado.

Tras él, ha declarado el empresario Santiago Castillo, directivo del estudio de arquitectura AC93 y uno de los procesados que afronta la mayor pena solicitada, de 21 años de cárcel. También se le ha preguntado sobre el proyecto que le encargó la clínica Ruber y Seguros Ocaso, negando los delitos que se le imputan respecto a estos asuntos con supuestas irregularidades de por medio.

Al igual que otros acusados, Castillo no ha querido responder nada acerca de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, dado que fueron supuestamente obtenidas ilegalmente, según alegaron varios abogados en la fase de cuestiones previas. Muchos letrados solicitaron la nulidad de la causa como consecuncia de estas escuchas telefónicas llevadas a cabo por los investigadores de la Guardia Civil.

En su declaración, ha defendido la legalidad de los trabajos que le asignaron y ha asegurado que no sabe nada de la desaparición de unos documentos.