El PSOE anuncia el traslado inmediato de Franco del Valle de los Caídos

Esas "eran las intenciones del Gobierno y cuanto antes, de manera inminente, se hará", primero para cumplir con la Ley de Memoria y segundo, con resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados, ha afirmado la portavoz parlamentaria del PSOE y 'número dos' del partido, Adriana Lastra.

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en conversación informal con periodistas en el Congreso,y cuestionado sobre si el traslado de los restos de Franco tendrían lugar antes de agosto, adelantaba que éste les pelligaría seguro trabajando.

En el entorno del presidente no se descarta que se pudiera proceder a la exhumación este mismo mes de julio. De momento, el Gobierno "está estudiando todas las fórmulas jurídicas para llevar a cabo la voluntad" reiterada este miércoles por el presidente.

CUMPLIR UN ACUERDO DEL CONGRESO

Y es que el Ejecutivo está determinado a dar cumplimiento al acuerdo del Congreso de los Diputados que pidió sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, dado que el dictador no falleció en la Guerra Civil ni fue represaliado posteriormente, sino que murió de manera natural a los 82 años.

El 11 de mayo de 2017 el Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley del PSOE que instaba al Gobierno a ampliar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos. La iniciativa salió adelante con la única abstención del PP y ERC.

El Congreso también pidió convertir el Valle de los Caídos en un lugar para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática, que sirva para dignificar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Esta iniciativa, que incluía otras cuestiones como la exhumación del cadáver de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, para sacarlo del altar mayor de la basílica y trasladarlo a un lugar "no preeminente", fue la base para una proposición de ley que presentó a finales de 2017 el PSOE y que vetó el Gobierno de Mariano Rajoy por considerar que implicaba un aumento del crédito presupuestario.

Entre otras cosas, la propuesta del PSOE aspiraba a obligar al Estado a costear los trabajos de localización, identificación y exhumación de las 100.000 personas que se estima siguen enterradas en fosas comunes y en cunetas por toda España.