Un exinspector del Banco de España niega que la imagen de la CAM se viera alterada por la reclasificación de créditos

El exinspector del Banco de España (BdE) Rubén Manso ha explicado este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que la reclasificación de créditos en la caja extinta no alteró la imagen de la misma y que aunque los peritos del supervisor encontraron errores contables en los estados financieros, no eran "significativos".

Así se ha expresado el experto en esta nueva sesión de vista oral, en la que ha afirmado que la caja quebrada tenía provisiones suficientes para resolver cualquier déficit a fecha de 31 de diciembre de 2010 pese a la versión mantenida por los también inspectores del Banco de España Ángel Regúlez y Sergio García quienes han reconocido que era "imposible" hacer un estudio suficientemente profundo de los criterios de clasificación del crédito debido a que la cartera era muy grande.

El fiscal del caso Luis Rodríguez Sol acusa a los exaltos cargos de la entidad de falsear las cuentas relativas al ejercicio de 2010 y primer semestre de 2011 para simular la obtención de beneficios, valiéndose, entre otros aspectos, de la incorrecta rehabilitación de créditos fallidos y dudosos a normales, maniobra con la que se provocó la alteración del balance y de la cuenta de resultados.

Al respecto Manso ha restado importancia a los errores contables registrados en la inspección y que a su juicio no son cuantificables frente a la postura de otros peritos como es el caso de Javier López Andreu, de la consultora PwC, que ha afirmado que "hay una diferencia abismal entre error y fraude" y se ha referido al correo electrónico enviado en noviembre de 2010 -a un mes del cierre de los resultados del último trimestre-- en el que el entonces director de la Caja Roberto López Abad instaba a la cúpula a modificar los resultados del cierre del ejercicio.

EVITARON PONER LA CAM EN LA PICOTA

Según el Ministerio Fiscal, el resultado de haber rehabilitado indebidamente los créditos provocó una reclasificación de 2.832 millones de euros y la contabilización de provisiones adicionales por 721 millones, según ha recordado el inspector del supervisor Regúlez que ha precisado que lo "fetén" hubiera sido calcular los déficits y reexpresar los estados financieros para cada año aunque se hizo para el ejercicio de 2011 para "no poner en la picota en la entidad".

Por ello y tras la llegada a la caja de tres administradores provisionales nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se ordenó al auditor externo una revisión de las cuentas que determinó que, lejos de presentar para 2011 un beneficio de 65 millones de euros (avalados por la excúpula) había unas pérdidas reales por valor de 1.135 millones de euros.

Los peritos han avalado igualmente ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que el Banco de España permitiera ajustar contra reservas las plusvalías generadas en las cuentas de 2010 de cara a la constitución de un Sistema Institucional de Protección (SIP) con otras cuatro cajas que darían nacimiento al Banco Base; proyecto que finalmente se vio frustrado ante las dudas de solvencia de la CAM.

Al respecto Regúlez ha insistido en que lo que interesaba a los nuevos administradores nombrados tras el rescate a la caja era que los agujeros que tenían los activos se cubrieran, bien contra reservas o bien en la cuenta de resultados de la entidad. Se trata de una versión compartida por parte de los acusados en el proceso, como el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, que dijo que el único requerimiento que puso el supervisor es que esta singularidad fuera aprobada por el Consejo de Administración de la caja alicantina.

TITULIZACIONES

Entre la dinámica puesta en marcha por la excúpula para incrementar de forma ficticia los beneficios, el fiscal Anticorrupción ha destacado que se valieron de la incorrecta contabilización de las titulizaciones para aparentar un incremento de liquidez y una transferencia de riesgos que en realidad no se produjo.

En este punto igualmente ha habido disparidad de opiniones entre los expertos que han comparecido en esta décima sesión de vista oral puesto que mientras Rubén Manso, actual administrador único del Banco de Madrid, ha defendido que las operaciones cumplían con la normativa vigente, Regúlez ha dudado que este producto financiero cumpliera con los requerimientos.

Los acusados, que se enfrentan a penas de entre diez meses y siete años y medio de prisión por los delitos de fraude, falsedad en las cuentas y apropiación indebida, también buscaron, en opinión del Ministerio Público, falsear las cuentas para asignarse una serie de complementos retributivos (paga de beneficios, pensiones, BELP) que supuso un desembolso indebido de la CAM de 20 millones de euros.

PREJUBILACIONES INFLADAS 6 MILLONES DE EUROS

Sobre este aspecto Regúlez ha matizado que es cierto la tesis defendida por los ocho acusados de que no cobraron los incentivos relativos a 2010 pero sí se adjudicaron el 50 por ciento del bono extra relativo a los ejercicios 2008 y 2009 (que no son objeto de este proceso ya que se juzgan los dos ejercicios siguientes).

Al hilo ha dicho que hicieron un cálculo acerca de lo que hubieran costado las prejubilaciones de los miembros del Comité de Dirección de acuerdo con las condiciones establecidas en el ERE aprobado para los empleados de la CAM por la autoridad laboral y les dio como resultado 5,7 millones de euros de exceso entre lo pagado y lo que se debía haber abonado.