El expresidente de la Comisión de Control declara este martes como imputado por concederse 17 millones en créditos

El expresidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Juan Ramón Avilés declarará este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez como imputado en la causa en la que se investiga si la entidad le concedió créditos por valor de 17 millones de euros, informaron fuentes jurídicas.

Avilés está imputado por delitos societarios y de administración indebida después de que el juez Gómez Bermúdez, que mantiene abiertas otras tres piezas por las actividades de la CAM, admitiera a trámite una querella presentada por los gestores de la entidad, que fue intervenida por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) en julio de 2011.

Entre los créditos obtenidos por el exdirectivo, la querella refleja cinco concedidos "de forma fraudulenta" en 2009 por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) por un importe de casi cuatro millones de euros.

Según la querella, Avilés habría llevado a cabo una "gestión desleal" al aprovechar su posición de "máxima relevancia" en la CAM para obtener "la financiación para su intento de participar en las rápidas, especulativas y desproporcionadas ganancias que el fenómeno de la llamada burbuja inmobiliaria generó durante años".

"SIN COMPROBACIÓN DE VIABILIDAD"

Los querellantes también sostienen que bajo su gestión se llevó a cabo en la entidad "un grosero incumplimiento de las condiciones básicas establecidas por los respectivos organismos", ya que los créditos fueron concedidos "sin una mínima comprobación de viabilidad y garantías, por un lado, y vulnerando de modo grosero, en todos los casos, las condiciones de concesión en cuanto al objeto y a la aplicación de estos préstamos".

El juez también tiene previsto interrogar mañana a los peritos de la compañía PwC que realizaron un informe en mayo de 2012 en el que analizaban la situación financiera de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011, que inyectó 2.800 millones de euros.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro--, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

RECURSO DE AVILÉS

En su recurso contra el auto de imputación la defensa de Avilés sostiene que la CAM no tiene "legitimación activa" para ejercitar la acusación por administración desleal, ya que en junio de 2011 aprobó la operación de segregación de su negocio financiero a favor de Banco CAM SAU, --ahora propiedad de Banco Sabadell--, de modo que a 31 de diciembre de 2011 no ostentaba participación alguna en el accionariado del Banco CAM.

Esta parte también sostiene que el exdirectivo no es "sujeto activo" de los delitos de que se le imputan porque no era administrador de derecho, "ni por sí mismo ni como miembro de la Comisión de Control de CAM". "El único órgano que tenía encomendada la administración de la entidad era el consejo de administración", señala.

En la causa principal contra los gestores de la CAM, Gómez Bermúdez mantiene imputados al expresidente Modesto Crespo; los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol; y el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb. Además, investiga en otras dos piezas separadas la venta de acciones preferentes y de cuotas participativas.