El exsecretario general de la CAM dice que la inspección del Banco de España era "permanente" antes de 2008

El que fuera director financiero y secretario general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) José Pina ha defendido este miércoles que el Banco de España tuvo siempre acceso a toda la información relativa a su área y que la inspección por parte del supervisor era "permanente", antes incluso del año 2008, cuando surgieron incertidumbres por la situación de solvencia de la entidad.

Durante su comparecencia en calidad de testigo en la séptima sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional contra la excúpula de la caja alicantina, Pina ha asegurado que él firmó el folleto de emisión de cuotas participativas --un producto que únicamente emitió la CAM y que tras la venta al Banco Sabadell su valor quedó a cero-- "para dotar de recursos propios a la entidad".

"El objetivo inicial y único es dotar a la empresa de más capital ante los requerimientos que tenía", ha dicho el exdirectivo en referencia a las normas contables que aplicó el supervisor a la entidad antes de ser intervenida, aunque no ha confirmado si el beneficio emitido con los 50 millones participativas alcanzó los cerca de 300 millones de euros.

El fiscal del caso Luis Rodríguez Sol acusa a la excúpula del banco de falsear los estados financieros de 2010 y primer semestre de 2011 para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos y mediante la incorrecta contabilización de activos.

En el caso de las participativas apunta en su escrito de conclusiones provisionales que el maquillaje de las cuentas impidió a los inversores conocer la situación real de la CAM y eso evitó que se produjera una bajada drástica de la cotización, si bien en julio de 2012 el valor de las mismas quedó reducido a cero euros. Esta operación habría provocado unas pérdidas de 20 millones de euros a los pequeños clientes que adquirieron las cuotas y que están personados en la causa como acusación.

No obstante, los exdirectores territoriales Agustín Llorca y Palmiro Molina han matizado ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que existía un acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para amortizar las participativas y quedó refrendado en la orden en la que la exministra de Economía Elena Salgado autorizó la segregación de activos de CAM a Banco CAM, lo que le propició a los trabajadores "cierto grado de tranquilidad porque los clientes no iban a perder el dinero".

El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechazó expulsar a los afectados por esta práctica del proceso judicial aunque acotó su permanencia únicamente a los que las compraron en 2011, pese a que los acusados argumentaron que esta causa se investigó en una pieza separada de la principal que fue archivada provisionalmente el año pasado.

RENUNCIARON A COBRAR LOS INCENTIVOS DE 2010

En lo que respecta a las retribuciones, el exsecretario general ha confirmado que los miembros del comité de dirección de la caja renunciaron en 2010 al cobro de los incentivos relativos a ese año antes de la aprobación del Sistema Institucional de Protección (SIP) con Cajastur y las cajas de Cantabria y Extremadura para crear el Banco Base, fusión que acabó rompiéndose ante las dudas por la solvencia de la CAM.

Pese a su versión, el Ministerio Público considera que otro de los motivos que llevó a los exdirectivos a maquillar los estados financieros fue para asegurarse el cobro de unos complementos retributivos tales como planes de pensiones, incentivos anuales o prejubilaciones por los que la caja alicantina acabó desembolsando "indebidamente" un total de 20 millones de euros.

Por estos hechos el fiscal pide entre diez meses y siete años y medio de cárcel para siete de los ocho acusados (exculpa al expresidente de la CAM Modesto Crespo) por los delitos de falsedad en las cuentas, fraude y apropiación indebida.