La exsenadora Elena Diego confía en ser absuelta porque en todo momento ha actuado con honestidad

Durante su declaración ante la Sala de lo Penal del Supremo Diego ha acusado al interventor municipal en esos momentos de acosarla sexualmente para que tuviera con él una relación sentimental y, al negarse a ello, amenazarla con acabar con su carrera política, aunque nunca le denunció.

Contra quien sí presentó denuncia fue contra el presidente de la plataforma vecinal que ha presentado la denuncia, Luis Folgado, también por acoso aunque la iniciativa fue archivada.

"Tenía ganas de poder hablar porque todo el expediente de instrucción son papeles que se mueven de un lado a otro y la parte subjetiva de los hechos no se recoge", ha manifestado Diego a las puertas del alto tribunal, donde ha insistido en que está convencida de no ha hecho un contrato ilegal y nunca pensó que el asunto llegara tan lejos.

"En estos momentos en el que todos los políticos somos iguales, que parece que todos somos los mismo, hay algunos políticos que sufrimos por ser políticos otro tipo de cosas -ha apuntado-. Creo que soy desgraciadamente un ejemplo de eso".

AUSENCIA DEL INTERVENTOR

Así, ha recordado que el interventor que la acosaba, y que no se ha presentado a la vista a pesar de haber sido citado como testigo, dejó definitivamente el Ayuntamiento de Villamayor tras un acuerdo de toda la Corporación precisamente por la situación que ella sufría. Y se llegó a llevar documentos oficiales, entre ellos, algunos del expediente sometido ahora a juicio.

Con respecto al representante vecinal, Diego ha afirmado que es una persona con intereses políticos y que a raíz de que ella no quiso contar con él en su lista electoral creo una plataforma, la convirtió en partido político y hoy es el teniente de alcalde del pueblo con un pacto con el PP.

"Tiene una persecución política personal conmigo -ha añadido la exsenadora-. En muchas ocasiones le denuncié ante la subdelegación del Gobierno y ante la Guardia Civil. Le denuncié por acoso y no fue admitida porque el juez me dijo que soy alcaldesa y la libertad de expresión frente a los políticos tienen unos límites diferentes a los de un ciudadano normal"

La Fiscalía pide para la exsenadora una pena de inhabilitación de 8 años por los presuntos delitos de prevariccación administrativa y de nombramiento para cargo público sin concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello. Las acusaciones particular y popular piden además responda con 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Durante el juicio que comenzó este miércoles en el alto tribunal, al que ha correspondido la causa dada la condición de aforada de Diego cuando la causa se dirigió contra ella, la exsenadora ha insistido en que su participación en ambos procedimientos es el de dictar las resoluciones finales, y que no es su obligación comprobar que los contratos están bien hechos puesto que las resoluciones de contratación y los propios contratos son revisados previamente por los servicios técnicos municipales y la Intervenció

Casi al término de su declaración, al responder a su abogado Manuel Ollé la exsenadora ha confesado ante la Sala la difícil relación que mantenía con el interventor en el momento de los hechos, quien se le declaró en su despacho y le pidió tener relaciones. Ante su negativa, comenzó a acosarla, se mudó al lado de su casa, la llamaba por las noches, controlaba sus comunicaciones y entraba a deshora a su despacho para dejarle mensajes.