El exviceconsejo Barberá asegura en el juicio de los ERE que el Parlamento conocía el sistema de concesión de ayudas

Barberá ha comparecido durante la novena sesión del juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz.

A preguntas del Ministerio Fiscal, cuyo interrogatorio ha durado más de tres horas y media, Barberá ha declarado que las ayudas que concedía la Junta se podían enmarcar en la Orden ministerial del 95 y ha asegurado que "toda Andalucía" conocía que la Dirección General de Trabajo firmaba pólizas de renta colectivas para dar las citadas ayudas.

"Lo conocía el Parlamento", ha añadido, al tiempo que ha indicado que en la Comisión de Empleo de la Cámara autonómica era "muy, muy, muy frecuente hablar de los conflictos laborales de la comunidad y que los parlamentarios reclamasen ayudas para las prejubilaciones para sus provincias".

"Las primas de las pólizas eran públicas y notorias", ha afirmado, y a la pregunta del Ministerio Público sobre si es inescindible el pago de las pólizas para la concesión de ayudas, ha insistido en que "no se puede acceder a las ayudas a la prejubilación sino es mediante las pólizas".

El que fuera también delegado provincial de Empleo en Cádiz durante diez años ha admitido que en ese tiempo recibió peticiones de ayuda para otros fines, en concreto, en enero de 2003 del Ayuntamiento de Chiclana --siendo alcalde el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios-- para una feria artesanal, dando traslado de esa petición al viceconsejero de Empleo del momento, Antonio Fernández, para que estudiara la posibilidad de ayudar con una aportación de entre 18.000 y 24.000 euros.

CONVENIO MARCO DE 2001

El ex alto cargo del Gobierno andaluz ha explicado, de otro lado, que conoció cuando ya estaba incorporado como viceconsejero la sistemática del convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para que éste asumiese la tramitación y pago de las ayudas sociolaborales y las subvenciones a empresas a través de las transferencias de financiación a cargo de la partida 31L por parte de la Consejería. En concreto, con ocasión de la generación del proyecto de presupuestos para el año 2005, pues en esta memoria económica y en las sucesivas "se hablaba del convenio marco".

Esta cuestión ha sido objeto de gran parte del interrogatorio del Ministerio Fiscal, quien ha expuesto en las pantallas de televisión de la sala las memorias presupuestarias desde el año 2003 hasta el 2009, donde en el apartado de la partida 31L en ningún momento, según la Fiscalía, se hace referencia al convenio marco de 2001 y sí a "acuerdos" entre la Dirección General de Trabajo y el IFA para la concesión de ayudas y "subvenciones finalistas".

En la memoria del año 2009 se señala que entre los objetivos de la partida está "continuar la línea de colaboración con la agencia IDEA en aplicación del concierto de ayudas para el mantenimiento del empleo y el tejido productivo andaluz en vigor desde el año 2001". En este sentido, Barberá ha declarado que esas memorias son de conocimiento parlamentario en Comisión de Empleo y si sus señorías tienen dudas cuentan con la Oficina de Control Presupuestario en la Cámara.

Además, ha insistido en que la materialización de las ayudas se hacía a través del convenio marco y los convenios particulares y el pago por parte de IFA y posteriormente IDEA.

Entre otras cuestiones, Barberá ha manifestado que, desde que asumió el cargo de viceconsejero, sabe que el director general "daba las ayudas" y que IDEA "pagaba", así como que los expedientes de las ayudas se residenciaban en la Dirección General de Trabajo, como dice el convenio marco, que también recoge que la citada dirección general era el órgano competente, aunque "nunca actuaba al libre albedrío, sino que había directrices del consejero". "Nunca jamás di una directriz", ha asegurado.

A este respecto, Barberá ha indicado que en el Consejo Rector de IFA, del que era miembro, no se debatía la formalización de las ayudas, sino que presentaban como "una dación de cuenta", precisando además que no siempre se daban cuenta de las ayudas, "dependiendo de la cuantía". "Las inferiores a 450.000 euros creo que no se informaban", ha declarado.

NO EXISTÍA FISCALIZACIÓN PREVIA

Barberá ha explicado que el IFA ejercía un control financiero permanente sobre las ayudas como forma de fiscalización, admitiendo que ha podido salir dinero de la Junta sin ser fiscalizado. "Sí, si hay control financiero a posteriori o control por muestreo", ha afirmado al respecto.

"No sabe" si cada convenio particular firmado por el director general de Trabajo estaba fiscalizado, pues es una cuestión de "gestión interna" de la propia Dirección General, como también lo eran las comisiones de seguimiento de las ayudas. Además, "desconocía" que se hubiesen dado "rentas vitalicia" a extrabajadores, así como "nunca supo" de la existencia de intrusos en los expedientes.

Barberá ha explicado que el montante anual de la partida 31L, después de que la Consejería de Hacienda determinará el dinero destinado a la de Empleo, la decidía el consejero del ramo, quien "lo distribuía entre los centros directivos --estructura de la Consejería-- en relación a sus problemáticas". Aunque "todo el dinero era poco", ha planteado.

El exviceconsejero ha defendido las modificaciones presupuestarias. "Me causa estupor que se intente criminalizar en esta causa un hecho tan frecuente como acudir a una modificación. El presupuesto es una estimación de ingresos y gastos y esa previsión puede quedar superada por la realidad del día a día", ha resaltado.

Las modificaciones las preparaba la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo en contacto con Hacienda, pero para que pasara por los 'consejillos' --reunión preparatoria para el Consejo de Gobierno-- era "imprescindible" los informes de la Intervención y del director general de Presupuestos.

Sobre los desajustes en el presupuesto del programa vinculado a la partida 31L, Barberá firmó un documento de "compromiso" para corregir ese "desfase" en años venideros, adoptando la Consejería una política "restrictiva" en los compromisos de ayudas.

LA REUNIÓN DE 2005 NO EXISTIÓ

Barberá ha negado la existencia de la reunión a la que aludió el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en su declaración en la sede de la Consejería de Hacienda en 2005 a la que asistieron tanto Guerrero como el entonces interventor general de la Junta Manuel Gómez y la por entonces viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, convocada por éste tras el informe de la Intervención General elaborado en 2005 en relación al ejercicio 2003 de la agencia IDEA.

Precisamente sobre este informe de la Intervención General que cuestionaba la idoneidad de las transferencias de financiación y apuntaba que éstas sólo podían tener como finalidad cubrir el déficit de explotación de la agencia y no el pago de las ayudas, Barberá ha explicado que se presentaron alegaciones porque pensaban que podían tener otras finalidades.

En este sentido y a preguntas de su abogado, Pedro Apalategui, ha asegurado que el interventor delegado de la Consejería de Empleo "conocía el destino final" de las ayudas.

Por último, Barberá ha defendido su comportamiento, "el más estrictamente legal" y ha recordado que cuando tuvo conocimiento de un comportamiento que le pareció "irregular" en relación al caso Mercasevilla --origen del caso ERE-- lo trasladó a la Fiscalía.