El juez que favoreció a empresarios de ITV niega que fueran amigos y dice haber sido "traicionado en su buena fe".

El que fuera presidente de una sección de la Sala de lo Contencioso-Adminstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Joaquín Ortiz Blasco, ha negado este miércoles en el Tribunal Supremo tener relación de amistad y haber favorecido a determinados empresarios en los litigios que llegaban a su juzgado en relación con la concesión de licencias de ITV en Cataluña.

"Fui traicionado en mi buena fe, había una negociación a mis espaldas ", ha dicho, para añadir que su aspiración tras 30 años en la jurisdicción contenciosa era la de conseguir una plaza en el Tribunal Supremo.

Ha reconocido conocer a los empresarios Ricard Puignou y Enric Marugán, haber comido con ellos tras haberse admitido el recurso e incluso compartir viaje a Drubrovnik -según el fiscal pagado por Marugán- , si bien ha negado haber sido siquiera presentado al ex secretario general del CDC, Oriol Pujol, tambén implicado en la trama.

La Fiscalía atribuye a este magistrado, que fue suspendio en julio de 2013 y obtuvo la jubilación el pasado de marzo un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y otro de abuso en el ejercicio de su función por los que se piden para él que sea suspendido por dos años multa de 900 euros.

A lo largo del interrogatorio al que fue sometido durante la vista oral celebrada ante siete magistrados del Tribunal Supremo, Ortiz negó la existencia de razones para haberse abstenido del conocimiento de los asuntos relativos a los intereses de los empresarios de Certio, dijo que en esta decisión estuvo respaldado por sus compañeros y que su "error" ha sido no cortar las comunicaciones que mantenía con Marugán por correo electrónico.

DIO SU OK AL RECURSO

Los momentos más tensos del interrogatorio del fiscal fueron los relativos al contenido de los correos electrónicos que se cruzaban el juez y el empresario Marugán. En uno de ellos se le daba traslado del recurso que Certio interpondría contra la convocatoria del concurso para la adjudicación de estaciones de ITV, un texto al que Ortiz daba su daba su "ok" y añadía "ya hablaremos después" aunque ha explicado que lo escribió para "quitarse de encima" al empresario.

En otros correos, Marugán le remitía documentación y resoluciones de su propio tribunal, una circusntancia que el fiscal ha calificado de "extraña", mientras que en otros casos el juez comentaba trámites relativos al litigio e incluso le envió un modelo de reposición del recurso.

En alguno de ellos, tras conocerse un nuevo concurso para la concesión de estaciones el juez comentaba a los empresarios "la final de Supervivientes llega", una expresión que Ortiz hoy ha calificado de "coloquial".

También ha reconocido haberse reunido a comer con los empresarios y en una ocasión se unió a ellos la directora de asuntos contenciosos de la Generalitat, si bien ha explicado que se buscaba una mediación judicial en el asunto. Sobre su poder para influir en las decisiones de todo el tribunal o de la Generalitat las ha calificado de "fabulación que raya en la demencia".

El fiscal también le ha preguntado por conversaciones entre Pujol y el empresario Sergi Alsina, en las que se referían a él como "el pájaro aquel" y "el friki", aunque ha negado conocer a ninguno de los dos y no haberles jamás saludado.

Al inicio de la vista, su abogado, Santiago Milans del Bosch, ha presentado como cuestiones previas la vulneración de los derechos fundamentales de su cliente por haberse iniciado las actuaciones a raíz de unas intervenciones de agentes de vigilancia aduanera sobre un caso de contrabando en Vilagarcía de Arousa, entre otras cuestiones. El tribunal, presidido por Juan Saavedra, ha anunciado que resolverá estas alegaciones en sentencia.

ACUSACIÓN DEL FISCAL

El Supremo abrió una investigación sobre Ortiz después de que el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona viese indicios de que realizaba "asesoramiento en interés y al servicio" de los empresarios del sector Ricard Puignou. y Enric Marugán cuando estos presentaron varios recursos en la Sala que presidía contra resoluciones relacionadas con la concesión de estaciones de ITV.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, el juez conocía "sobradamente" que sus amigos empresarios poseían intereses mercantiles relacionados con la adjudicación y explotación de las ITV, pues Puignou era el administrador de Certio y Marugán jefe del anterior, con acciones e intereses en dicha entidad.

Los tres se reunían con frecuencia desde 2010 a comer o cenar y en abril de dicho año realizaron un viaje común a Drubrovnic, sin que esta circunstancia mereciera que Ortiz se abstuviera de los recursos sobre las concesiones de estaciones de ITV que le tocaba resolver. En todos los casos el procesado presidió el tribunal que dictó las sentencias y con respecto a uno de los recursos fue además ponente de la resolución.

Más allá de su función como juez, señala el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, trataba de "preservar el 'statu quo' en la adjudicación de estaciones de ITV" buscando un pacto entre adjudicatarios que posibilitara la pérdida de objeto de los recursos que llegaban a su tribunal.

Llegó incluso a instar a las letradas de la Generalitat a una modificación legislativa sobre estas concesiones, algo que no ha negado este miércoles ante el Supremo, presentándoles a Pignou como "experto mundial en el mercado de las ITV" pero ocultando su condición de administrador de Certio. Afirma la Fiscalía que en modo alguno puede entenderse toda esta actividad como mediación judicial.