El fiscal pide entre 9 y 27 años para los miembros del último comando Donosti

En el juicio por estos hechos, que se celebrará desde mañana hasta el próximo miércoles ante la sección tercera de la sala de lo penal de este tribunal, el fiscal pedirá dicha pena para Lerín, considerado jefe del "comando Urederra" del "complejo Donosti", por los delitos genéricos de pertenencia a banda terrorista, depósito de explosivos, tenencia de armas y falsificación de documentos.

A Agote y Herrador les acusa de los mismos delitos, salvo de los dos últimos, que atribuye a Lerín; mientras que a Sergio Lezcano únicamente le cree responsable de un delito de integración en organización terrorista.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal Vicente González Mota, el que fuera jefe de los comandos de ETA, Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", detenido en Francia el pasado 17 de noviembre, dirigía las acciones de Lerín como integrante primero del "comando Zapa" y después del "Urederra", con los que cometió "delitos y ataques contra intereses económicos en Guipúzcoa" y en la costa mediterránea, que se investigan en otros procedimientos.

Por orden de "Txeroki", Lerín se dedicó además a elaborar informaciones sobre objetivos, entre los que destacan el filósofo Fernando Savater o la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, así como un militar del cuartel de Loyola y dos ertzainas de Tolosa.

En total, los cuatro presuntos miembros del "comando Donosti" -desarticulado en marzo de 2007- elaboraron unas 430 informaciones de objetivos, obtenidas de medios de comunicación y otras que tienen "su origen en vigilancias y seguimientos" y que no sólo se circunscribían a Guipúzcoa sino que también abarcaron otras comunidades autónomas.

En cuanto a Sergio Lezcano, el fiscal señala que en junio de 2004, abandonó el "talde de información" para convertirse en "responsable de propaganda de Batasuna" y en esas labores colaboró también con el PCTV, y se le intervino además documentación sobre negociaciones con el Gobierno, PSOE y PNV.

A este comando le fueron intervenidos en una bajera en Berriozar (Navarra) propiedad del huido Iñaki Lerín (hermano de José Ángel), 150 kilos de explosivo que fueron trasladados por el acusado Joseba Mirena González Pavón, al que le encargaron comprar "una olla industrial con una capacidad de 20 a 30 litros para ser utilizada en la preparación o elaboración de artefactos explosivos".

También en el domicilio de otra de las procesadas, Itziar Aguirre, se halló "diverso material explosivo", aproximadamente 30 kilos, y placas de matrícula vírgenes con números para pegar.

El resto de los acusados de colaboración son: Lorea Irigoyen Arbizu, Iñigo Orue Magarzo, Unai Lamariano Larrea, Garikoitz Pascual Muneta, Urtzi García Montero y Eneko Pascual Marcilla.