Las víctimas del franquismo denuncian la artimaña del Gobierno para "proteger" y no detener a los ex ministros de Franco

El abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de querella investigada en Argentina por crímenes cometidos durante el franquismo, ha denunciado la artimaña llevada a cabo por el Gobierno de España para no detener a varios ex ministros de la dictadura y "proteger" a estos "criminales".

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press después de que Interpol España haya alegado ante su Secretaria General, con sede en Lyon, una resolución de este organismo que le permite no detener a la veintena de personas reclamada por la juez argentina María Servini.

La sede general de Interpol ha aceptado la reclamación de la oficina española y no ha aplicado el distintivo rojo que afecta a la situación de personas buscadas internacionalmente con una orden de arresto, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

"El Gobierno español está protegiendo a esta gente", ha criticado Slepoy, para advertir de que la actuación de la oficina Interpol España, incardinada en la Dirección General de la Policía, significa la "impunidad" de estos delitos. "Nos parece vergonzoso que de forma tan descarada se proteja a estos criminales", ha añadido.

Con todo, el abogado ha afirmado que todavía queda abierta la posibilidad de que la jueza argentina pida la extradición, lo cual obligaría a pronunciarse al Consejo de Ministros.

De todos modos, las víctimas del franquismo no se quedarán paradas, prevén mantener encuentros con varios grupos parlamentarios y no descartan presentar sus denuncias de forma "masiva" ante los juzgados españoles.

En caso de tratarse de una petición de extradición, el Consejo de Ministros habitualmente las autoriza aunque puede negarse. En caso de mostrarse a favor de la entrega, la Audiencia Nacional tiene dos opciones negarse o concederla. Si informa a favor de la extradición, el Ejecutivo puede concederla o denegarla.

EXMINISTROS, EXPOLICÍAS Y EXJUECES ACUSADOS

La magistrada María Servini de Cubría imputa a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un antiguo ginecólogo.

Entre los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.

A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.

Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.

Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.

Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.

A petición de la Fiscalía, ha imputado a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.

Además, imputa a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.

DEFIENDE LA JURISDICCIÓN DE ARGENTINA

La magistrada recuerda que la Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía Antonio González Pacheco 'Billy el niño' y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos y que numerosos juzgados españoles han archivado este tipo de casos.

Servini, que viajó el pasado mayo a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente para conocer de esta querella criminal y enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad.

"En el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional", dice Servini, que defiende la jurisdicción por parte de los tribunales argentinos y alude a la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.

El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores.