El funcionario que denunció los cursos admite que está imputado y que fue al Juzgado de Alaya a denunciar el fraude

Fuentes del caso han informado de que, en su quinta jornada de declaración como testigo ante la juez Mercedes Alaya, que se ha prolongado por espacio de cinco horas, el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la Junta de Andalucía ha cuestionado a Teodoro Montes sobre si fue él quien directamente se personó en la Guardia Civil para declarar, lo que tuvo lugar en agosto de 2013, o fue la propia Guardia Civil, por el contrario, quien se dirigió al testigo.

Teodoro Montes, en este sentido, ha admitido que, tras seis o siete años esperando "que alguien lo oyera" en torno a este asunto, "llegó a la puerta" del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para presentar una denuncia y se le indicó que lo hiciera ante la Guardia Civil, tal y como hizo finalmente.

En este sentido, distintas fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han cuestionado la forma en que la juez asumió la competencia de esta causa, ya que el testigo fue directamente a su juzgado y desde aquí se le remitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que posteriormente entregó las dos declaraciones del testigo a la magistrada, siendo éste el origen de la competencia del caso.

En relación a su imputación, y a preguntas del letrado de la Junta, el testigo ha reconocido que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria del Río (Sevilla) lo mantiene imputado por un delito de falsedad en relación a un curso de formación tras ser denunciando por unas "supuestas" alumnas por suplantación de persona y falsedad documental.

Según ha concretado, tres de estas alumnas fueron a su despacho a quejarse de que no podían realizar cursos desde hacía dos años, por lo que el testigo entró en la base informática y pudo averiguar que las mismas estaban seleccionadas en un curso, por lo que les preguntó cómo pretendían entrar en otro curso.

Las alumnas, según su relato, le manifestaron con "sorpresa" que nunca habían realizado un curso, pero Montes les contestó entonces que mientras siguieran de alta en un curso no podían hacer ningún otro, tras lo que investigó el asunto y constató que había alumnos que nunca habían participado en ese curso, a pesar de lo cual aparecían su firma, DNI, nombre y apellidos.

Teodoro Montes, entonces, se puso en contacto con la entidad ejecutante del curso y ésta reconoció que lo anterior había ocurrido en varios cursos y que se trataba de un error, y posteriormente le trasladó todo lo anterior a las supuestas alumnas, quienes mostraron su "disgusto" y "sorpresa" y pidieron que se les facilitara la documentación donde ellas aparecían.

EL TESTIGO ACUSA A CIERTOS ÓRGANOS JUDICIALES DE FAVORECER A LA JUNTA

En fechas posteriores, las alumnas acudieron al testigo para trasladarle que iban a presentar una denuncia y pedirle determinada documentación, como los controles de asistencia y alguna ficha donde aparecía la firma del testigo y su nombre con la fecha correspondiente, y en ese momento el propio Teodoro Montes les aconsejó que denunciaran, tras lo que "sorprendentemente" se ha visto imputado a pesar de ser la persona que les solucionó el problema.

El testigo ha asegurado que, en esa fecha --2006-2007--, existían entre cuatro y seis cursos con la misma problemática, como es documentación falsa, no asistencia de alumnos y falsificación de firmas.

En su quinta jornada de declaración, el testigo también ha señalado, que aunque durante su comparecencia se ha hablado del trato privilegiado que la Junta da a ciertas entidades, también existe un trato especial de determinados órganos judiciales hacia la Administración autonómica.

Durante la quinta jornada de declaración, la juez Alaya ha declarado "impertinentes" varias preguntas formuladas por el letrado de la Junta y ha llegado a achacarle que "saque de contexto" determinadas palabras o frases del testigo, cuya declaración, por cierto, continuará el próximo lunes con nuevas preguntas de la instructora.