El fiscal general dice que "de momento" no va a pedir la suspensión de actividad de ANC y Omnium

Al ser preguntado qué tendría que ocurrir para que eso fuera contemplado, Sánchez Melgar dijo que son asuntos que afectan a procesos concretos y no se puede realizar así una información de futuro de actuaciones sobre las que la Fiscalía "no ha tomado una posición concreta".

"Cuando la Fiscalía tome una decisión sobre un aspecto lo vamos a explicar y a decir por qué lo hacemos", ha recalcado el Fiscal General al tiempo que ha insistido que hasta que la Fiscalía no tome una posición sobre un aspecto concreto como este, él no puede ir más allá en la explicación.

"Sería algo poco coherente realizar declaraciones sobre futuribles sin tener todos los elementos en este momento y sin haberlo hablado para tomar una posición por parte de la Fiscalía", ha apostillado Sánchez Melgar.

Los presidentes de ambas asociaciones, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se encuentran en prisión desde octubre pasado por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carme Lamela, ratificada con posterioridad por el magistrado del Tribunal Supremo que instruya la causa del 'procés', Pablo Llarena.

Ambos están acusados de los delitos de rebelión, sedición y desobediencia, entre otros, por los hechos ocurridos ante la Consejería de Economía de Cataluña cuando congregaron a cerca de 40.000 personas con el fin de impedir el normal desarrollo del trabajo de la comitiva judicial que estaba llevando a cabo un registro en ese Departamento.

El citado registro se realizó en el marco de la 'operación Anubis', por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y tuvo lugar los días 20 y 21 de septiembre. Según los informes de la Guardia Civil, ANC y Ómnium convocaron a los ciudadanos ante la Consejería de Economía, donde la comitiva judicial quedó atrapada durante muchas horas sin poder salir con garantías.

En el transcurso de la concentración, los manifestantes destrozaron además tres vehículos de la Guardia Civil estacionados en las inmediaciones. El informe aportado por el instituto armado en el Juzgado certifica que el coste de la reparación superó los 135.000 euros.