Una ex alto cargo del gobierno valenciano reconoce amaños en contratos informáticos y dice que los ordenaba Blasco

Sanjuán ha prestado declaración este viernes en calidad de investigada en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por la pieza quinta del caso Cooperación, relacionada con presuntas irregularidades en contratos informáticos entre 2008 y 2011. También ha sido citado el exconseller Blasco, que ha sido trasladado desde la cárcel de Picassent, donde cumple condena por la pieza principal del caso Cooperación --fraude en ayudas al Tercer Mundo--, pero se ha acogido a su derecho a no declarar.

Durante su comparecencia, Sanjuán ha reconocido los hechos y ha explicado que fue el empresario Augusto César Tauroni quien se presentó en la Conselleria y se ofreció para hacer trabajos. Seguidamente, Blasco ordenó que los contratos fueran adjudicados a las empresas de esta persona, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de las declaración.

Asimismo, ha aseverado que en la Conselleria todos sabían que los contratos debían ir para las empresas de Tauroni y, preguntada por si Blasco se enriquecía con ello, a contestado que al principio pensaba que no, aunque con el tiempo lo está empezando a dudar. Al respecto, ha apostillado que en la Conselleria había rumores de que se llevaba algo de dinero, pero ha insistido en que ella nunca lo vio.

El exconseller ha sido trasladado al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia desde la cárcel de Picassent, donde cumple condena por la pieza principal del caso Cooperación --fraude en ayudas al Tercer Mundo--. Junto a Blasco, este viernes también ha declarado la exsecretaria de la Conselleria, Tina Sanjuán.

En esta misma pieza, la pasada semana declaró el exjefe de Informática, quien constató un presunto amaño en contratos informáticos. Explicó que recibió órdenes para que los contratos se adjudicaran a Dinamiz-e, empresa de Tauroni. Las órdenes las recibía de Sanjuán, aunque cree que provenían del exconseller Rafael Blasco.

LA CAUSA

Esta causa se abrió por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y en ella se investiga el presunto amaño de contratos para que esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Augusto Tauroni.

Según consta en el procedimiento, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Los contratos fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían las veces de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

En total, en esta pieza quinta hay siete investigados: Blasco, el empresario Augusto César Tauroni, Marc Llinares, Tina Sanjuán, el exjefe de área de informática, un comercial de Fujitsu y un empleado de Tauroni.