El juez impone fianzas a cinco de los detenidos que suman casi un millón de euros

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la fianza pecuniaria de mayor cuantía asciende a 500.000 euros y se ha impuesto a un empresario exsuegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Asimismo, pide 150.000 euros a la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón para garantizar responsabilidad civil.

La misma cuantía de 150.000 euros la reclama también el juez a la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, la única arrestada para la que el fiscal solicitó prisión al término de su declaración. Del mismo modo, la fianza al exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos, se ha fijado en 150.000 euros.

Finalmente, al ex secretario autonómico de Deportes y exdiputado en las Cortes Valencianas, David Serra, el magistrado reclama una fianza pecuniaria de 15.000 euros.

El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia recibirá este jueves a otros diez de los 24 detenidos en la operación desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana sospechosa de amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

Los otros 14 arrestados ya comparecieron ante el instructor. Todos han quedado en libertad provisional, investigados --término que sustituye al de imputados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)-- en la causa abierta por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

La primera en pasar a disposición judicial fue la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón. Declaró el pasado martes, el mismo día de su detención. El juez acordó la libertad provisional. Le impuso una fianza de 150.000 euros para garantizar el pago de la responsabilidad civil en caso de condena. En el caso de que no la abone en el plazo establecido, el juzgado procederá al embargo de bienes.

El miércoles por la tarde noche pasaron a disposición del juez otros 13 detenidos. Las declaraciones se prolongaron hasta la madrugada. Todos quedaron en libertad provisional. A cuatro de ellos también se les impuso fianzas pecuniarias.

Además, prestaron declaración dos arquitectos, un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia --personal de confianza del grupo popular-- y seis empresarios. Todos quedaron en libertad provisional y mantienen la condición de investigados.

El Juzgado de Instrucción 18 tiene previsto recibir este jueves al resto de arrestados, a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil concluyan sus diligencias y los pasen a disposición judicial. En ellos se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia Alfonso Rus, y el exvicepresidente de la corporación provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla.

También figuran el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exacalde de Genovés Emilio Llopis y el ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa Ibanco, así como cinco empresarios.

La operación llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

33 REGISTROS

En la operación se llevaron a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública Ciegsa) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent, imputado en la causa, pero que no se halla entre los arrestados en esta macrorredada.

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial. El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.

El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de esta diligencias se desarrolló la operación encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa continúa secreta.