La juez imputa en el 'caso de cooperación' a los cinco administradores de empresas detenidos

Cuatro de estos administradores tienen la obligación de comparecer una vez al mes ante el juzgado mientras que sobre la quinta persona no se ha adoptado ninguna medida cautelar. Las declaraciones se iniciaron sobre las 18.00 horas del jueves y han terminado en torno a las 1.30 horas de este viernes.

La titular de instrucción 21 autorizó el jueves entradas y registros en relación con las cinco personas detenidas a las que ha tomado declaración, que se practicaron en viviendas particulares y sedes sociales.

Fuentes fiscales indicaron el jueves que las diligencias realizadas en relación con estas personas forman parte de una pieza secreta dentro de la causa de cooperación, que investiga un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía --que dirigía el actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco-- en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.

La titular del juzgado de Instrucción notificó el pasado 17 de mayo un auto por el que se acordaba levantar el secreto al que hasta ese momento y durante un año habían estado sujetas las diligencias previas, que incluyen los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. No obstante, sobre esta pieza se mantiene el secreto.

EXALTOS CARGOS

Por estos supuestos delitos, el número de imputados ascendía a 22 personas --a los que se suman los cinco nuevos imputados, administradores de empresas--. De los 22, seis son cargos o excargos en la administración, como el ex director general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el exsubsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo.

Las otras 14, en su mayoría, están relacionadas con distintas ONG. Una de ella es el empresario Augusto César Tauroni, que está en situación de prisión provisional desde febrero. En la investigación están implicadas, al menos, seis ONG's, entre las que se encuentra la Fundación Hemisferio, de la que era responsable Tauroni. Asimismo, ascendían a 19 los testigos a los que se había tomado declaración. No obstante, en ese momento de la instrucción, no se había podido precisar todavía el dinero supuestamente defraudado.

En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG's a través de las subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de la administración a través de subvenciones ha sido, supuestamente, "hinchar facturas que justificaban el dinero concedido".

Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití.

Durante el año de instrucción que lleva la causa en el juzgado, la juez ha acordado la práctica de distintas pruebas, como documental, testifical, pericial y entradas y registrados en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Consejería de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.

Asimismo, se ha acordado la intervención telefónica de diversos móviles, conversaciones que han dejado ver cómo presuntos implicados en la trama, como el empresario encarcelado y su hermano, hablan de la convocatoria los ayudas de cooperación y llegan a referirse a su ámbito de actuación como los "proyectos de Negrolandia" o a los "negratas". También se recogen en el sumario conversaciones del actual síndic del PP en las Corts y el empresario encarcelado.