El juez imputa a nueve personas por el 'escrache' a Diego en la Universidad

El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander ha imputado a nueve personas por el 'escrache' al presidente de Cantabria y líder del PP regional, Ignacio Diego, hace casi un año en la Universidad, con motivo de su participación en el foro 'Tengo una pregunta para usted'.

El juez Luis Enrique García Delgado ha dictado un auto en el que pone fin a la investigación de los hechos y haya indicios de un delito de desordenes públicos (cuya pena es de cuatro a seis años) en la actuación de siete de los imputados, así como de falta continuada contra el orden público en otros dos casos.

Los hechos ocurrieron el 17 de febrero de 2014 en el edificio de las universidades sito en la calle Marino Fernández Fontecha, donde un grupo de personas insultó a Diego durante el acto en el que intervenía, y a su término, "se colocaron en el exterior del edificio con el fin de impedir la salida del presidente, impidiendo de hecho que pudiera acceder a su vehículo oficial".

El auto, recogido por Europa Press, señala que tres de ellos formaron una especie de cadena que obligó al equipo de seguridad del presidente a evacuarle en un vehículo policial, lo que consiguieron "tras grandes dificultades, luchando denodadamente -dice- con los allí congregados".

Según señala, algunos de ellos intentaron acceder al interior del vehículo policial "con el fin de agredir" a Diego. Otro se colocó frente al turismo para impedir que el presidente abandonara el lugar. Y tres de los imputados, según consta en el auto, se tiraron encima del capó y colocaron una pancarta que impedía ver nada al chófer.

Entre los imputados figura Marcos Martínez Romano, uno de los dos cántabros que forman parte de la dirección nacional de Podemos (Consejo Ciudadano). Este joven de 26 años es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración; activista de movimientos estudiantiles, sindicales y del 15M, y portavoz del Círculo Podemos de Santander.

El juez le imputa un delito de desórdenes públicos o, alternativamente, coacciones, atentado agravado y falta continuada contra el orden público (desconsideración)o, alternativamente, una falta continuada de injurias y amenazas. Según el auto, intentó entrar al vehículo donde estaba el presidente con el fin de agredirle, y un policía se interpuso para impedirlo, forcejeando "levemente" con él, para después insultar a los escoltas.

El juez pone fin a la instrucción y ordena transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, a la vez que establece un plazo de 10 días para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Contra este auto cabe recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación en cinco días.

"DESPROPORCIONADO"

Tras conocerse el auto, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES) lo ha tachado de "politizado" y de "una falta de proporción evidente" entre lo ocurrido y los delitos por los que el juez imputa a los nueve jóvenes.

Para LIBRES, el juez "pierde todo sentido de la proporcionalidad" aplicando a los jóvenes artículos del Código Penal diseñados en la lucha contra la 'kale borroka' en un contexto de "conflicto terrorista".

Por ello confía en que la Fiscalía "no considere estos posibles delitos como imputables a unos jóvenes que sólo hicieron un escrache pacífico a Diego y cuyo único delito es haber reaccionado con insultos a la actitud agresiva de la escolta del presidente".

El colectivo recuerda que, de seguir adelante este proceso siguiendo el auto del juez García Delgado, a cuatro de los imputados se les podrían pedir penas acumuladas de entre 4 y 9 años de cárcel, además de las multas conexas; a otros tres, penas de 6 meses a 3 años; y dos sólo serían juzgados por faltas contra el orden público.

Asimismo, manifiesta su preocupación por el "poco usual" y "altamente politizado" y destaca que el mismo "se basa, en exclusiva, en las declaraciones de los agentes de policía y trata a unos jóvenes que ejercieron su legítimo derecho a la protesta como auténticos terroristas".