Los 'indignados' no consiguen entregar a Rubalcaba el Consenso de Mínimos

Los 'indignados' no han conseguido hacer entrega al vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, del Consenso de Mínimos, el documento en el que se recogen sus reclamaciones básicas, centradas en la lucha contra la corrupción y el incremento de la participación, entre otras.

Representantes del 15-M en Santander pretendían trasladarle personalmente este texto al ministro aprovechando su estancia en Santander, este miércoles, en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Pero, según han relatado, cuando llegaron al Palacio de La Magdalena, la Policía les pidió la documentación y les obligó a alejarse del edificio que acoge estos cursos.

El jefe de seguridad les ofreció la posibilidad de recoger él mismo el documento y entregárselo a un intermediario para que este se lo entregara a Pérez Rubalcaba, pero los 'indignados' no aceptaron esta opción por entender que debía ser el propio ministro quien saliese a la calle a recogerlo en mano.

Mientras el grupo esperaba la salida del ministro, fue repartiendo copias del consenso de mínimos a las personas allí presentes, entre ellos muchos visitantes ocasionales y usuarios del tren turístico Magdaleno.

Cuando Pérez-Rubalcaba abandonó el Palacio, se dirigió directamente al vehículo oficial sin atender al grupo de manifestantes, quienes entonces comenzaron a corear consignas como "Alfredo acércate" o "Así, así, así escuchas a la gente".

EL CONSENSO DE MÍNIMOS

En el Consenso de Mínimos se define al movimiento como surgido de la "indignación" y la "protesta" ante la "dictadura económica de los mercados", gracias al cual se está viviendo un "despertar" de las conciencias basado en la participación horizontal y la búsqueda de consensos.

Lo que piden es una "política responsable y libre de corrupción", por lo que demandan medidas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la eliminación de la inmunidad asociada al cargo y la reducción de cargos de libre designación.

También quieren una reforma de la Ley Electoral, que se garantice la separación "real" de poderes, la eliminación de la financiación externa privada de los partidos políticos y el control del cumplimiento de sus compromisos electorales.

En el plano económico, destacan su apuesta por una economía "social, transparente y sostenible", por lo que rechazan el rescate de entidades privadas sin una contraprestación social, y apuestan por la fórmula de la dación de pago en las deudas hipotecarias y un cambio en la fiscalidad, junto a un control "exhaustivo" del fraude.

Además, reclaman avances en los derechos sociales, y, en este sentido, rechazan las privatizaciones y recortes, reclamando empleo de calidad, conciliación de la vida familiar y laboral, y elevar a "derecho fundamental" tanto la vivienda como la sanidad.

Los 'indignados' quieren construir una educación pública y una cultura "libres", por lo que piden un proyecto educativo "estable pero no estático", "por encima de intereses partidistas" y sin "adoctrinamiento", político o religioso, en centros con financiación pública, además de un acceso libre a Internet sin restricción de contenidos.

Finalmente, subrayan su exigencia de una "convivencia responsable, respetuosa y consciente entre las actividades humanas y el medio ambiente", con un "endurecimiento" de la normativa ambiental, un plan energético que promueva la reducción del consumo y la investigación e implantación responsable de energías renovables, limpias y seguras y un debate y reférendum sobre el abandono de la energía de fisión nuclear.