Los instructores de la Gürtel y el comisario jefe de Blanqueo no testificarán en el caso de las escuchas

Los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgarán el próximo 29 de noviembre al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no escucharán como testigos a los instructores del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, y en el de la Comunitat Valenciana, José Flors, ni tampoco al comisario jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales Alfredo Cabezas Barrientos.

Así lo recoge el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press y que recoge la fecha en la que el juez Baltasar Garzón se sentará en el banquillo acusado de delitos de prevaricación y de vulneración de las garantías constitucionales por autorizar la intervención de las comunicaciones en prisión entre los imputados de la trama 'Gürtel' y sus abogados.

El auto, firmado por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano y José Manuel Maza, detalla las pruebas que acuerda practicar durante la vista oral y subraya que "única y exclusivamente" se aceptarán aquellas que guarden relación con los delitos que son objeto de acusación y no las "ligadas a otros hechos que se siguen en procedimientos distinto a éste".

En el escrito, del que ha sido ponente el magistrado José Manuel Maza, no se declara pertinente la testifical de las fiscales Anticorrupción Concepción Sabadell y Myriam Segura ni tampoco de los magistrados Antonio Pedreira y José Flors. "No es necesaria su comparecencia como testigos para conocer su opinión jurídica ya expresada y sin que sea procedente que sean llamados para que aporten su opinión personal sobre los hechos objeto de enjuiciamiento", señala.

Esta diligencia, solicitada por el abogado Ignacio Pelaez --autor de la querella inicial contra el juez y para el que solicita 10 años de inhabilitación--, ha sido rechazada al no ser "procedente" proponer como testigos a las autoridades judiciales cuya intervención en las causas judiciales es "legalmente exigida".

La Sala rechaza igualmente citar a declarar, en calidad de testigo, al comisario jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales dependiente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Alfredo Cabezas Barrientas, porque no tuvo una participación "material y directa" en la intervención de las escuchas en el centro penitenciario. Sin embargo, acepta llamar a declarar a dos agentes de la Policía Nacional solicitados por Pelaez.

El Supremo ha admitido el interrogatorio de Garzón y la prueba documental solicitada en noviembre por el presunto cerebro de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, que ejerce también la acusación particular y pide que el juez sea inhabilitado durante 17 años.

En relación con los medios de prueba propuestos por la acusación ejercida por el imputado del caso 'Gürtel' Pablo Crespo, se rechaza pedir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una copia de la pieza separada referida a las comunicaciones intervenidas desde el 19 de febrero de 2009 ya que obran en una pieza separada. Tampoco ve necesario el volcado que realizaba la UDEF para resolver este proceso.

MARCHENA Y GIMÉNEZ SE SUMAN AL TRIBUNAL

Los magistrados destacan la conveniencia de aportar los oficios de la cárcel de Soto del Real dictados el 18 de abril y el 3 de mayo de 2010 así como los autos del TSJM del 20 de abril de 2009 y el 25 de marzo de 2010. En el primero de los autos se prorrogaron las escuchas acordadas por Garzón, mientras que el segundo hace referencia a la nulidad de las intervenciones telefónicas.

No obstante, rechazan otras pruebas reclamadas por el Ministerio Fiscal --que solicita la absolución del juez-- como son varios informes de la Agencia Tributaria o facturas de los abogados. Respecto a las diligencias de pruebas que solicitó en su defensa Baltasar Garzón, se ha accedido a tomar declaración, en calidad e testigo, a Ignacio Pealez así como a varios agentes dependientes a la UDEF.

A los cinco magistrados, que firman el auto y que participarán en el juicio abierto contra Garzón, se unen Joaquín Giménez y Manuel Marchena, magistrados que por turno corresponden para formar la Sala.

El juicio por las escuchas de la trama Gürtel será anterior a los que están pendientes de celebrarse contra Garzón por investigar presuntamente sin competencia los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y por los cobros que supuestamente percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.