El juez interroga mañana a Arturo Canalda por el presunto desvío de fondos públicos en la compra de Inassa

El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, retoma este lunes la ronda de interrogatorios a investigados por la compra de la colombiana Inassa con el exdirector gerente del Canal de Isabel II Arturo Canalda, a quien atribuye una participación "esencial" en el proceso que presuntamente desvió fondos públicos.

Aunque Canalda estaba citado para el martes día 23 a las 15.30, el magistrado ha adelantado un día el interrogatorio a petición del acusado y así lo expone en un auto al que ha tenido acceso Europa Press. El miércoles 24 comparecerá el exsubdirector de nuevos negocios del Canal Pablo López de las Heras y un día después el exdirector económico José Antonio Cachavera.

La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de los tres argumentando que los tres diseñaron una operación de compra paralela a la aprobada en la reunión del consejo de administración del Canal el 18 de noviembre de 2001 por 73 millones de euros. Además denunció que estuvo "repleta de irregularidades" y que la llevaron a cabo mediante una empresa interpuesta con sede en Panamá.

Aunque la operación se autorizó formalmente el 14 de noviembre, lo cierto es que seis días antes ya estaba concedido el aval bancario definitivo para adquirir Inassa así como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña, creada con la finalidad de canalizar los intereses de los implicados en la operativa.

De acuerdo con las actas de la reunión a las que ha tenido acceso Europa Press, Arturo Canalda hizo una pormenorizada exposición del asunto asegurando que la empresa de aguas con sede en Barranquilla (Colombia) era "sin duda, dentro del sector del agua el de mayor presencia en el Área del Caribe" y contaba "con una gran proyección de crecimiento en la región".

LOS CONSEJEROS NIEGAN IRREGULARIDADES

En las dos últimas semanas el juez instructor de la trama Lezo ha interrogado como investigados a los consejeros que rubricaron el acuerdo presentado por los tres directivos de la empresa pública de aguas. En sus interrogatorios expusieron que hacía muchos años de la operativa, por lo que no recordaban muchos flecos de la misma, pero que se fiaron de la palabra de los precursores de la operación que les dijeron que era una buena inversión para el Canal.

De todos ellos destacan los exconsejeros del Canal y del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Calvo y Juan Bravo. El primero de ellos --presidente del Canal cuando se adquirió Inassa-- culpó de su situación procesal al presunto cabecilla de la trama, el expresidente regional Ignacio González, negó sobrecostes en la operativa de 2001 y ratificó las actas de la reunión.

Juan Bravo expuso ante García Castellón que, de todos los informes de adquisición que se presentaron, el de 73 millones de dólares fue la mejor opción y negó que ellos fueran conocedores de irregularidades en la operación. La compra de la colombiana constituye la primera pieza de la investigación por la trama Lezo.