El juez investiga al ex consejero murciano Antonio Cerdá y a otras 11 personas en el caso Escombreras

Así aparece reflejado en el auto del juez del pasado 7 de marzo al que ha tenido acceso Europa Press y que levanta el secreto de sumario que hasta ahora permanecía en vigor, y que estima procedente tomar declaración a Cerdá en calidad de presidente del Ente Público del Agua (EPA).

Cabe recordar que el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, abrió una investigación sobre la desaladora de Escombreras y la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía registró las instalaciones de la planta a instancias del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia.

Además, se practicaron entradas y registros en la sede social de la desaladora en la calle Platería de Murcia, así como en las dependencias de la Entidad Pública del Agua (EPA) en la Consejería de Agricultura y Agua, en la sede de la planta de la mercantil de la desaladora en el Valle de Escombreras, y en la sede social de Hidro Management S.L. en Murcia.

La petición respondía a la querella presentada y admitida a trámite en 2015 por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales, José Luis Díaz Manzanera, a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura, "lo que fue el origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al erario público".

La querella presentada por el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo refería la presunta comisión de delitos de fraude, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos y oficiales, fraude de subvenciones y delitos solitarios y, posteriormente, ampliaba a insolvencias punibles.

En concreto, en estos registros se incautó diversa documentación relacionada con la gestión y explotación de la planta desaladora, relacionados con su proceso de construcción, con la creación de Hidronostrum y de la persona jurídica Desaladora SAU, su adquisición por la Comunidad Autónoma, contratos celebrados por la misma y obligaciones generadas o asumidas en última instancia por el Gobierno regional.

El juez señala que, en base al resultado de la pericial practicada y la incoación de otros procedimientos judiciales en los que sume un papel relevante la desaladora, procedería la tramitación del caso en dos piezas separadas.

La primera de las piezas haría referencia al origen y construcción de la desaladora. En el auto, el juez estima que, aunque la planta fue creada con capital privado, el propósito inicial era transformarla en empresa pública, "asumiendo así el erario público todas las operaciones millonarias buscadas sin aplicación de la legislación sobre contratación pública".

"Es decir, sin garantizar que los contratos suscritos por ella se ajustasen a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos".

Además, según el auto, se habría hecho sin "asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa".

Es decir, el juez cree que "se trataría de un proyecto preconcebido, contando desde el principio con la connivencia activa y preconcebida de, al menos, los responsables públicos que participaron en su desarrollo".

En esta pieza, el juez estima que procederá tomar declaración en calidad de investigados a las 12 personas citadas, entre ellos Cerdá, consejero de Agricultura y Agua desde 1999 hasta su dimisión en marzo de 2015.

La segunda pieza haría referencia al criterio para la elección de A.A., y su nombramiento para actuar en representación de la Comunidad como asesor jurídico en las demandas interpuestas por Hidromanagement y Tedagua contra la desaladora, así como de otros asesores.