La investigación del "caso Millet" pasa a manos de la Fiscalía Anticorrupción

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled será a partir de ahora el encargado de dirigir la actuación del ministerio público en la instrucción del "caso Millet", que el pasado mes de enero derivó en una nueva investigación con la apertura de una pieza separada por el supuesto pago de comisiones a CDC a través del Palau.

El relevo del fiscal encargado de investigar el expolio coincide con la designación del juez Miguel Ángel Tabares como sustituto provisional de Juli Solaz, que el mes pasado dejó el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona al solicitar una plaza de magistrado en la Audiencia de Barcelona.

Tabares, de la asociación progresista Jueces para la Democracia, llevará el juzgado que dirigía Solaz en comisión de servicios, por lo que simultaneará ese trabajo con el de su propio juzgado, el de instrucción número 6, hasta que dentro de unos meses se designe a un juez titular.

El magistrado tiene en sus manos la decisión de dar impulso a las investigaciones del saqueo del Palau de la Música, especialmente la pieza separada que Juli Solaz abrió antes de dejar el juzgado para investigar si Fèlix Millet y CDC se repartieron comisiones por la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol.

Por el momento, el juez ha reclamado a la Fiscalía que, tal y como ya le solicitó Solaz en el auto en el que abrió la pieza separada sobre los pagos a CDC, concrete las imputaciones que solicita para investigar esa nueva trama.

En cualquier caso, en el escrito que el pasado mes de noviembre presentaron ante el juez para pedirle una investigación aparte sobre los pagos a CDC, los fiscales Paco Bañeres y Pedro Ariche ya pedían la imputación del ex tesorero de CDC Daniel Osàcar y el ex directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, entre otras.

La nueva investigación se basa principalmente en el informe de la Agencia Tributaria, que revela que la constructora Ferrovial habría pagado comisiones del 4% por la adjudicación de grandes obras públicas, de los que un 2,5% habrían ido a parar a CDC, que se habría embolsado así 5,8 millones, y un 1,5% se lo habrían quedado los ex responsables del Palau de la Música.